El flamante ministro acordó con UPCN para dar continuidad y evitar despidos de personal de la gestión anterior aunque muchos ya habían pasado a planta anteriormente, según recabó Mundo Gremial. Por otro lado, efectivizó el pago de un bono que preocupaba a ATE. Además, avaló los allanamientos en once distritos, calmando a los gremios municipales que reclamaban explicaciones por los fondos que no llegan a los municipios.
Con respaldo de Sergio Massa, Marinucci entregó detalles requeridos por la Justicia en la causa que involucra a D’Onofrio y a empresas de fotomultas como Secutrans y Tránsito Seguro, ligadas al empresario Leandro Camani, denunciante clave del escándalo. Sin embargo, este delicado equilibrio generó malestar en intendentes y concejales que creían que los cambios en Transporte frenarían las investigaciones judiciales que, al contrario, se profundizarían con la postura del polémico empresario de desafiar a una parte del Frente de Todos en alianza con un sector de la oposición a Kicillof que tiene base en una chacra de Exaltación de la Cruz.
En las últimas horas, y luego de una decena de allanamientos, las comunas reforzaron presiones al Ministro y al entramado legal de la administración pública de fotomultas a cargo de la dupla Feijoo-Orzali que también tienen terminal con los amigos del proveedor provincial y toca acuerdos pactados en una famosa parrilla de Figueroa Alcorta.
Ahora, algunos dirigentes cuestionan si Marinucci responde al gobernador Axel Kicillof o juega su propia partida. En ese marco, el ministro heredó un conflicto explosivo: la disputa por la “caja de las fotomultas” que expulsó a D’Onofrio, funcionarios y jueces de faltas, y dejó expuesto a Camani, el polémico empresario surgido en la gestión de Vidal, denunciante a quien Marinucci, sin embargo, le habría devuelto la influencia en el ministerio de Transporte, ubicando a su gente en cargos claves como en Radares, Tesorería y Tecnología.
Para sumar tensión, un informe de la SIGEN reveló que Trenes Argentinos Operaciones, bajo la gestión de Marinucci en 2023, firmó un convenio por $58 millones de pesos con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para una auditoría que nunca se realizó. La operatoria es similar a la denunciada en las fotomultas, donde se acusa a Camani y a intendentes de triangular fondos con fundaciones universitarias, abriendo la posibilidad de nuevas revelaciones si exfuncionarios deciden hablar.
Si las causas avanzan, y los allanamientos demuestran que hubo connivencia entre fundaciones universitarias, municipios y empresas para armar una asociación ilícita, el flamante ministro de transporte expone también a Kicillof, quien suma en su banca política a las Universidades, enfrentadas al gobierno de Milei desde que impulsó las auditorías.
«Marinucci sino toma medidas le termina dando de comer a la oposición y a los medios mileistas, que puede aprovechar para volver a pegarle al gobernador», indican fuentes encumbradas del gobierno provincial.
Mientras tanto, se pueden venir definiciones preelectorales, lo piden los intendentes, legisladores y altos funcionarios provinciales, al igual que el Tribunal de Cuentas que mira muy de cerca el tema.
