Según el decreto, las auditorías realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud revelaron falta de documentación respaldatoria, facturas pagas sin constancias y opacidad en la información hacia los afiliados. Graciano Iván Corte fue designado como interventor y tendrá a su cargo las facultades administrativas por 180 días, con posibilidad de prórroga.
«Esta intervención busca regularizar una situación que perjudica a los trabajadores afiliados», señaló una fuente del Ministerio de Salud bajo condición de anonimato. Sin embargo, desde los gremios cuestionan la medida. «Es un ataque sistemático a las obras sociales sindicales, que son un derecho conquistado por los trabajadores», afirmó un dirigente de SOEICHA, el sindicato vinculado a OSPICHA.
Esta no es la primera obra social intervenida por el actual gobierno. En los últimos meses, también cayeron bajo control estatal las obras sociales de fotógrafos, ladrilleros, rurales y mosaístas, entre otras. Según datos oficiales, ya suman casi una decena las entidades intervenidas desde diciembre de 2023.
Los sindicatos, en alerta, evalúan respuestas conjuntas. Fuentes cercanas a la CGT adelantaron que el conflicto podría sumarse a los reclamos del próximo paro general, el tercero contra la administración de Milei. «Cada intervención debilita el sistema de salud de los trabajadores», advirtió un referente gremial.
Mientras el Gobierno insiste en que las medidas buscan transparentar la gestión, los trabajadores temen que el objetivo final sea desarticular el modelo de obras sociales sindicales. La tensión no da señales de bajar.
