A pocos días de vencer el acuerdo de estabilidad firmado entre la multinacional alimenticia Mondelez y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la empresa anunció que busca equilibrar una presunta suba de los “costos de producción” reduciendo los laborales, mediante ajustes en ausentismo, relevos y horarios de descanso. De esa manera, la compañía busca ser “competitiva” por medio de la pérdida de derechos laborales de sus trabajadores, que rechazaron el planteo al afirmar que “esta crisis no se resolverá con ajustes”.
El STIA y la comisión interna de la planta de Mondelez en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires, declaró el estado de “alerta y movilización” ante la inminencia de un “ajuste en la planta de personal” .
En la fábrica de Pacheco se producen galletas y bizcochos de marcas como Oreo, Pepitos, Express, Terrabusi, Milka y Tita, además de otras marcas como Mayco y Rhodesia. Las otras dos plantas de la compañía están localizadas en Tigre -se fabrican chicles y caramelos- y Villa Mercedes (San Luis), donde se especializan en postres y bebidas en polvo.
Fuentes gremiales indicaron que la “crisis” que alega la multinacional obedecería a un encarecimiento de sus costos por la apertura de importaciones de los mismos productos que fabrica en el país, y que ponen en juego su competitividad frente a ese escenario. En forma paralela, la actividad se ve afectada por la caída del consumo interno, producto de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Al conflicto en esta empresa se suman otros de alimenticias como Molinos Río de la Plata y Georgalos.
La conducción del STIA y la comisión interna de la fábrica emitieron un comunicado en el que expresan que “esta crisis no se resolverá con ajustes sobre los trabajadores y trabajadoras”, pero coincidieron con Mondelez en que el problema central “es la política del gobierno de Javier Milei, que favorece la apertura indiscriminada de importaciones y tiene un carácter anti industrial”.
Sin embargo, no le restaron responsabilidades a la empresa, a la que acusaron de “no asumir los riesgos” y de “ocultar sus ganancias, aprovechándose de la situación para ajustar a los trabajadores”, asegurando que Mondelez “tiene la capacidad económica para sostener todos los puestos de trabajo”.
La organización gremial insistió en que “la política anti obrera y anti industria nacional del Gobierno está poniendo en jaque a las grandes empresas y a las pymes, ajustando los salarios y provocando despidos y suspensiones”, como dan cuenta los últimos datos del Indec sobre empleo en Argentina.
Siguiendo esa línea, el STIA, sostuvo que “el proyecto de La Libertad Avanza está claramente en la Ley Bases, donde se crea un escenario para los ajustes que estamos atravesando” y agregó que “la apertura de importaciones y la reforma laboral son dos de los pilares para destruir la industria nacional, la producción, el empleo y la actividad gremial”.
