Cerca de 300 trabajadores de Algodonera Avellaneda, parte del Grupo Vicentin, se encuentran en estado de alerta tras el sorpresivo cierre temporal de la planta de hilandería y tejeduría. La paralización, que se extendió desde este lunes y se prevé hasta el próximo sábado 4 de octubre, fue dispuesta por la dirección de la firma a causa de la escasez de materia prima y la marcada caída de la demanda interna.
El panorama generó un fuerte clima de incertidumbre en el Parque Industrial de Reconquista, donde los operarios se encontraron con las puertas del establecimiento cerradas. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales y representantes del Ministerio de Trabajo de Santa Fe para labrar actas y contener el foco de tensión.
Inquietud Sindical y Versiones Cruzadas
La medida empresarial fue recibida con preocupación por el sector gremial. Juan Carlos Bandeo, titular de la Asociación Obrera Textil (AOT) local, advirtió que los dueños de Algodonera Avellaneda “no se hacen responsables de esta semana de parate”, lo que intensifica la inquietud de los empleados.
En contraste, Roald Báscolo, titular de la cartera laboral provincial, intentó moderar el conflicto al sugerir que la suspensión responde a una estrategia de la firma para “juntar volumen” antes de reanudar las actividades. Sin embargo, este argumento no logra disipar la desconfianza, especialmente luego de que la empresa despidiera a 30 operarios en agosto, en un contexto general de fragilidad para el sector a nivel nacional.
Intervención judicial profundiza la fiscalización a Vicentin
La crítica situación laboral y financiera de la compañía se cruza con un importante requerimiento judicial. Este viernes 3 de octubre, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, convocó a una audiencia clave en el marco del concurso de acreedores que atraviesa la compañía.
El magistrado ordenó a la dirección de la textil, que depende del Grupo Vicentin, presentar un informe detallado de su situación económica actual y sus proyecciones futuras. Mediante resoluciones firmadas a fines de septiembre de 2025, Lorenzini exige datos precisos sobre:
- Capital de trabajo (inicial y proyectado a 12 meses).
- Pasivo corriente (deudas comerciales, bancarias, laborales e impositivas).
- Proyecciones operativas (ingresos y egresos).
- Deuda post concursal y su plan de reprogramación.
Adicionalmente, el juez dispuso una medida de protección para la empresa al ordenar a las distribuidoras de energía, incluyendo la EPE, Edese y Secheep, no cortar el suministro con el fin de “garantizar la continuidad de la empresa y evitar daños irreversibles”.
A la audiencia están citados, además de la empresa, la sindicatura, el Comité Provisorio de Acreedores, representantes de los trabajadores que deberán llevar su propio informe de situación, y las empresas prestadoras de servicios fundamentales.
Panorama de la crisis textil: El caso Algodonera se suma a otros cierres
La crisis en Algodonera Avellaneda no es un hecho aislado en el sector. Desde el gremio SETIA alertan que la coyuntura del país afecta gravemente a la industria textil, donde estiman que “el 60% de los trabajadores del sector ya perdieron sus puestos”.
Las críticas apuntan directamente a las políticas de apertura de importaciones y a la falta de protección a la industria nacional. Un ejemplo dramático de esta tendencia se vive en Tierra del Fuego, donde la textil Fabrisur anunció su cierre definitivo para 2026, lo que dejará a 60 familias sin su fuente de empleo. Estos cierres refuerzan el reclamo gremial por una intervención activa del Gobierno nacional para resguardar la producción y el trabajo local.
