En una nota enviada al Secretario de Trabajo y Seguridad Social, Julio Cordero, los Trabajadores Viales adelantaron que las medidas anunciadas comenzarán a implementarse durante el mes de febrero, mediante la abstención de tareas y la movilización de los trabajadores, y demás acciones que vayan determinando.
Desde el gremio, sostuvieron que este nuevo proyecto no contiene “una sola cláusula que genere un mejor beneficio para los trabajadores, para el desenvolvimiento de la legítima acción sindical o fortalecimiento del sistema de la seguridad social”.
En este sentido, advirtieron sobre la vulneración del “principio de progresividad y no regresividad” y “la intromisión de la autoridad laboral obstaculizando el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales”. Según explicaron, esto conlleva a vulnerar derechos como la negociación colectiva libre —con arreglo a lo que establezcan los propios estatutos sindicales— y sus facultades de organización sin la obstaculización de la administración.
En la misma línea, Aleñá expresó su rechazo categórico al proyecto y señaló algunos puntos claves: “La autoridad administrativa laboral no se hace cargo de ninguna de sus falencias en materia de inspección laboral, retraso en la homologación de convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos salariales, de su ausencia en materia de inspección en materia de higiene y salud en el trabajo y/o de la realización de esfuerzo concreto alguno en materia de regularización del empleo”.
Para finalizar, la dirigente sindical dejó en claro que este proyecto es una “vulneración de derechos humanos laborales” y que llevarán a cabo las medidas pertinentes para “demostrar nuestra clara posición de rechazo por nuestra entidad gremial”.
