La operación alcanzaría a miles de trabajadores distribuidos en 894 estaciones de servicio, una refinería, plantas de lubricantes y terminales de almacenamiento en distintos puntos del país.
La venta de Shell activa el debate sindical
La transacción incluyó la participación de Integra Capital, el vehículo de inversión de los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, junto a Mercuria Energy Group. Esa combinación —un grupo suizo con experiencia en commodities y socios locales con redes políticas y sindicales— fue suficiente para encender las especulaciones sobre un nuevo encuadramiento gremial para los empleados de la compañía.
Los trabajadores alcanzados son numerosos y heterogéneos: personal de las 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y terminales de almacenamiento en Arroyo Seco y Santa Fe. Esa diversidad de categorías —desde administrativos hasta petroleros— complica cualquier encuadramiento único y anticipa disputas entre gremios.
La Ley de Modernización Laboral como marco habilitante
La norma modifica una condición clave: reduce del 20% al 5% el porcentaje mínimo de afiliación necesario para iniciar el reconocimiento de una organización gremial. Ese cambio baja considerablemente la barrera de entrada para constituir un sindicato nuevo, incluso dentro de una empresa específica.
La ley también establece un mecanismo de comparación entre sindicatos que compitan por la misma representación, basado en la cantidad de afiliados cotizantes. El gobierno sostiene que la norma amplía la libertad sindical y multiplica las opciones de representación.
La CGT y las dos CTA tienen una lectura opuesta. Advierten que fragmentar la negociación colectiva debilitará a los sindicatos tradicionales, los volverá más permeables a la presión patronal y, en algunos casos, podría intensificar la conflictividad con referentes de sectores más radicalizados.
Gremios existentes y dirigentes en alerta
La posibilidad de un sindicato propio de Shell puso en alerta al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y a la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicios, Garages, Playas, Lavaderos, Lubricentros y Agroservicios (FITESGRA), que tienen representación sobre distintos segmentos de los trabajadores afectados.
Dirigentes de FITESGRA admitieron que un acuerdo de este tipo podría ser viable, pero pusieron una condición clara: que se respete el convenio colectivo de base. Sin ese piso, la negociación no tendría sustento.
Juan “Cacho” García, secretario gremial de FITESGRA, participó del último congreso de la OIT, donde cuestionó la reforma laboral. Aun así, matizó su posición: reconoció que “la creación de un sindicato por empresa puede utilizarse como una herramienta para que el trabajador tenga más beneficios, siempre sobre un acuerdo marco”. Subrayó también que el objetivo es estudiar propuestas que generen empleo genuino y mejoren el poder adquisitivo.
El rol de Manzano y los vínculos políticos y sindicales
José Luis Manzano no es un actor nuevo en el mundo sindical. Sus vínculos con dirigentes gremiales se consolidaron durante su paso como funcionario del gobierno de Carlos Menem y se mantuvieron activos en las décadas siguientes, lo que le da hoy una relevancia particular en el contexto de la operación Shell.
Su cercanía con el presidente Javier Milei agrega otro elemento al cuadro. Esa trama de conexiones —sindicales, empresariales y políticas— lo posiciona como figura central en las negociaciones que rodean la nueva etapa de la compañía.
Carlos Acuña, ex cotitular de la CGT y referente del sector de estaciones de servicio, también figura entre los actores clave. Atraviesa además un proceso electoral interno para renovar autoridades en su espacio, lo que incorpora una variable adicional al escenario.
Salario dinámico y Fondo de Asistencia Laboral, los puntos en negociación
Entre los temas que se discutirían en un eventual acuerdo aparece el concepto de “salario dinámico”: mejorar los ingresos de forma individual según el desempeño, la productividad o la situación económica de cada sector, un esquema que se aparta del modelo de aumentos colectivos uniformes.
El otro punto sensible es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza el sistema indemnizatorio tradicional. Carlos Acuña (h), secretario adjunto del sindicato de estaciones de servicio, precisó que la ley no es retroactiva: el FAL alcanzará únicamente a los trabajadores que se incorporen a partir de su reglamentación.
Esa distinción genera tensión. Los dirigentes sindicales ya advirtieron que reclamarán que no existan dos condiciones laborales diferentes dentro de una misma empresa entre empleados antiguos y nuevos, apuntando a evitar que el cambio normativo produzca una segmentación interna que perjudique a quienes ingresen después de la reglamentación.
Claves del proceso en curso
La venta de Shell a Mercuria, con la participación de Integra Capital, desencadenó un proceso que excede lo comercial. La Ley de Modernización Laboral provee el marco legal para crear un sindicato de empresa con requisitos de afiliación más bajos. Los gremios existentes —SOESGyPE y FITESGRA— están en alerta, aunque algunos dirigentes no descartan un acuerdo si se respetan los convenios colectivos vigentes. Los puntos centrales de negociación son el salario dinámico y la implementación del FAL, con la exigencia de que no se generen condiciones laborales diferenciadas entre trabajadores de una misma empresa.
