El reclamo salarial que llevan a cabo los profesionales de la salud mental dejó al descubierto la situación que atraviesan los efectores públicos. La demanda sigue creciendo de forma sostenida y los servicios se encuentran al límite de su capacidad. En ese marco, los profesionales que trabajan en los dispositivos especializados denunciaron profundas desigualdades salariales, precarización laboral y condiciones edilicias deficientes.
La carta pública dirigida al gobernador Alfredo Cornejo, firmada por trabajadores de salud mental de toda la provincia generó un cimbronazo en distintos sectores vinculados tanto a Salud como a Educación. Si bien, algunos organismos cumplen funciones similares, la brecha salarial entre profesionales es grande, pero tienen un denominador común: una demanda que sobrepasa la capacidad que tienen los psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras que atienden en los Infanto Juveniles, Cipau e incluso algunas escuelas.
Aumento de casos y saturación
Además de las dificultades salariales y laborales, los profesionales advierten sobre un fenómeno que preocupa cada vez más en los servicios públicos: el aumento sostenido de la complejidad de los casos de salud mental, especialmente entre niños y adolescentes.
“Después de la pandemia aumentó la demanda de toda la patología psiquiátrica, los efectores públicos quedaron totalmente colapsados”, señaló una profesional que se desempeña en uno de estos dispositivos.
Según relató, el incremento de consultas se combina con una creciente complejidad de los casos que llegan al sistema. “Las problemáticas son cada vez más complejas y eso requiere más capacitación y más recursos“, sostuvo.
Según explicó una especialista que trabaja en un centro infantojuvenil de Mendoza, en los últimos años se registró un crecimiento significativo de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, las conductas autolesivas y los intentos de suicidio en jóvenes.
“Antes estas situaciones se veían principalmente en adolescentes más grandes. Hoy estamos atendiendo chicos de 12 o 13 años con ideas de muerte o conductas autolesivas. La edad ha bajado y los casos son cada vez más complejos”, aseguró.
La profesional también alertó sobre el aumento de los consumos problemáticos en edades cada vez más tempranas. “Estamos viendo problemáticas de consumo en chicos de 11 y 12 años que antes prácticamente no aparecían en las consultas”, señaló.
El impacto de esta situación se refleja en las guardias psiquiátricas y en los servicios de internación. Aunque en los últimos años se ampliaron las camas destinadas a salud mental, la demanda continúa superando la capacidad de respuesta del sistema.
“Las guardias están colapsadas. Se han incorporado camas en distintos hospitales, pero igual no alcanza porque la cantidad de consultas y urgencias sigue creciendo”, explicó.
A la complejidad clínica se suma un contexto social cada vez más adverso. La especialista sostuvo que el incremento de la pobreza y las dificultades de acceso al sistema sanitario terminan agravando los cuadros de los pacientes.
Los profesionales aseguraron que hay extensas listas de espera en algunos dispositivos que repercuten en la salud mental de los pacientes que no poseen una cobertura de salud privada. “Tenemos una lista de espera de 80 niños. La situación es compleja ya que podemos hacer admisiones recién para agosto. Hemos recibido casos de mucha gravedad y no podemos responder a esa demanda”, expresaron.
“Muchas familias no pueden asistir a los controles porque no tienen dinero para trasladarse o encuentran dificultades para acceder a medicación y estudios complementarios. Conseguir un turno con algunas especialidades puede demorar meses”, indicaron.
Según detallaron, estas demoras terminan afectando la posibilidad de realizar diagnósticos precisos y tratamientos oportunos. “La complejidad no está solamente en la patología. También está en un sistema que funciona saturado y con enormes dificultades para responder a una demanda que sigue creciendo”, concluyó.
El problema no afecta solo los dispositivos de salud mental sino que se ha hecho extensivo a los equipos interdisciplinarios que trabajan en las escuelas. “Muchos psicólogos que trabajan en los Gabinetes escolares, incluso algunos que estaban en planta, han renunciado debido a las condiciones laborales y los bajos sueldos. Desde hace un tiempo, esos equipos se han ido desgranando”, contaron.
Equipos divididos por las diferencias salariales
Uno de los principales focos del malestar está relacionado con la implementación del Régimen 38 para determinados profesionales médicos. Según denuncian, la medida permitió mejorar significativamente los ingresos de los psiquiatras, mientras que psicólogos, trabajadores sociales y otros integrantes de los equipos interdisciplinarios quedaron excluidos.
“Tenemos la misma carga horaria, la misma responsabilidad frente a los pacientes y, sin embargo, hay profesionales que cobran dos o tres veces más“, afirmó una especialista.
“No es un problema con los psiquiatras. La bronca es con el Gobierno, porque termina menospreciando profesiones que hoy son indispensables para sostener la atención”, expresó.
En la carta pública, los trabajadores advierten que la desigualdad salarial impacta directamente en la calidad del servicio y fomenta el pluriempleo entre los profesionales que hoy se ven obligados a buscar otras opciones para aumentar sus ingresos.
Falta de recursos y precarización
Las críticas no se limitan a los salarios. Los equipos también denuncian problemas estructurales que van desde la falta de equipamiento hasta deficiencias edilicias.
“Hemos trabajado sin gas, sin calefacción, con una sola computadora funcionando y pagando nosotros mismos el servicio de internet”, relató otra profesional consultada.
A esto se suma la situación contractual de numerosos trabajadores que prestan servicios bajo modalidades precarias. Según explican, existen profesionales contratados mediante prestaciones que no contemplan vacaciones, aguinaldo ni licencias por enfermedad.
“La exigencia aumenta todos los años, pero las condiciones laborales no acompañan. Hay colegas que salen de trabajar y tienen que ir a otro empleo para llegar a fin de mes”, agregó.
La respuesta de Ampros
Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) respaldaron el reclamo de los trabajadores de salud mental y señalaron que la discusión por las diferencias salariales no es nueva. Según explicaron, el gremio viene planteando desde hace años la necesidad de equiparar los ingresos con los profesionales alcanzados por el Régimen 38, creado por el Ejecutivo para retener determinados perfiles médicos dentro del sistema público. “La decisión política de que los salarios de este régimen sean tan superiores en equipos donde la responsabilidad es compartida ha generado un desgaste y una grieta aún mayor que la propia complejidad de los abordajes”, indicó la secretaria gremial, Marcela Mora.
Mora también advirtió que la situación se agravó por la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años. “Si sumamos el deterioro de los salarios y paritarias donde no se pudo negociar, con aumentos muy insuficientes, la situación es cada vez más compleja”, señaló.
