Lejos de la supuesta “concesión” celebradas por distintos sectores en las últimas horas, el proyecto de reforma laboral ingresado este jueves al Congreso contiene una batería de modificaciones que, según especialistas en derecho sindical, configuran una prohibición encubierta de las cuotas de solidaridad y otros aportes que sostienen la actividad gremial.
Luciano Podestá y Emiliano Pérez, referentes de la Asociación Derecho Sindical (ADS), advirtieron en un documento que “resulta ser FALSO que el gobierno haya hecho una concesión” en este punto. “Si bien no se propone eliminar la facultad de pactarlas en los convenios colectivos, sí se elimina no solo la obligatoriedad sino la propia facultad del empleador de actuar como agente de retención. Al poder pactarla pero sin mecanismo efectivo de cobro, existe una limitación encubierta a la efectiva vigencia práctica de las cuotas de solidaridad”.
El golpe más duro llega por la reforma al artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551). La norma vigente obliga a los empleadores a retener “cuotas de afiliación u otros aportes” que los trabajadores deban a los sindicatos con personería. El proyecto del Ejecutivo:
- Convierte esa obligación en una mera facultad, sujeta a consentimiento individual del trabajador y acuerdo expreso de las partes.
- Exige autorización previa de la Secretaría de Trabajo (Ministerio de Capital Humano).
- Permite revocar el acuerdo en cualquier momento con 30 días de aviso.
- Y, sobre todo, suprime deliberadamente la expresión “u otros aportes”, dejando la retención habilitada únicamente para la cuota ordinaria de afiliación.
“Esa sutil eliminación de la locución ‘otros aportes’ importará en la práctica que el empleador no podrá retener las cuotas de solidaridad u otros conceptos acordados en las Convenciones Colectivas de Trabajo”, explican Podestá y Pérez.
Cuotas de solidaridad: serán letra muerta
A esto se suma un nuevo artículo 9 bis a la Ley de Negociación Colectiva (14.250) que vuelve estrictamente voluntarios los aportes patronales a cámaras empresariales y los declara no exigibles a empleadores no asociados, lo que los especialistas califican como “una virtual restricción” al financiamiento de la parte sindical.
El combo se completa con la eliminación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales (proyecto de reforma al art. 6 de la Ley 14.250), por lo que, al vencer un convenio, desaparecería incluso la fuente convencional que obligaba a la retención.
Los expertos también anticipan que, aun invocando el artículo 132 inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo (que habilita retenciones por aportes derivados de CCT), los empleadores podrán escudarse en la nueva redacción del artículo 38 para negarse, alegando que una ley posterior (y más específica) derogó tácitamente la anterior.
“Se podrá seguir escribiendo en un convenio que existe cuota de solidaridad, pero será letra muerta: nadie estará obligado ni facultado a retenerla”, resumieron Podestá y Pérez en su análisis, que ya circula entre dirigentes y abogados sindicales de todo el país.
Fuentes gremiales consultadas coincidieron en que, de aprobarse el texto tal como está, el impacto sobre los sindicatos sería inmediato y devastador.. El debate parlamentario recién comienza, pero la advertencia ya está sobre la mesa: la “modernización” podría terminar siendo el mayor recorte encubierto al modelo sindical argentino de las últimas décadas.
