El escenario se volvió aún más complejo en las últimas horas tras la suspensión de una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial. La instancia administrativa quedó trunca luego de que Plantium informara la presentación de un concurso de acreedores, una maniobra judicial que congela de hecho el pago de las sumas adeudadas tanto a quienes perdieron su empleo como a los 60 operarios que aún continúan cumpliendo tareas bajo nuevas condiciones de multifunción.
El conflicto estalló cuando los empleados se presentaron a cumplir su jornada habitual y encontraron el acceso a la fábrica bloqueado con cadenas y candados como previa de la llegada masiva de los telegramas de despido. Sin embargo, según relataron los propios trabajadores afectados, el deterioro venía gestándose desde hace meses a través de pagos salariales fraccionados en cuotas y la interrupción de los aportes jubilatorios, los cuales dejaron de depositarse en marzo de 2025.
“Esta decisión nos deja frente a un escenario de mayor incertidumbre y sin respuestas concretas sobre nuestro futuro laboral”, expresaron los trabajadores desde el acampe, al tiempo que remarcaron el costo humano de la medida: “Detrás de cada uno de estos puestos de trabajo hay familias, hijos, años de esfuerzo y proyectos de vida. No estamos dispuestos a aceptar que nuestro futuro y el de nuestras familias queden a la deriva”.
Por su parte, la conducción empresarial vinculó el colapso financiero a la apertura de importaciones de productos chinos a bajo costo, el atraso cambiario y el efecto cascada provocado por la parálisis de grandes clientes del sector de la maquinaria agrícola. Jorge Gentilli, propietario de la firma, aseguró que intentó sostener la estructura mediante el endeudamiento antes de recurrir a las cesantías: “Seguí esperando y seguí endeudándome”, sostuvo.
La situación de Gentec refleja la fragilidad de la cadena de valor industrial, ya que su actividad dependía exclusivamente de cuatro compradores: la propia Plantium; la firma Atco, que interrumpió sus pedidos; Pauny, actualmente en crisis; y Metalfor, empresa que mantiene un rojo de aproximadamente 500 millones de pesos con la proveedora entre cheques rechazados y saldos en cuenta corriente.
En declaraciones al programa La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución, Fulvio Monti, describió el alcance social de las cesantías en una ciudad que viene sufriendo el deterioro industrial desde comienzos del año pasado. El dirigente calculó que, considerando los grupos familiares, cerca de 500 vecinos quedaron sin sustento directo, lo que paraliza de inmediato el consumo interno, los servicios domésticos y el trabajo informal de la zona.
Monti también puso el foco en el capital humano que se desperdicia con el achique de una empresa dedicada al desarrollo de pilotos automáticos, monitores multifunción y sistemas de pulverización selectiva. “No solamente estamos hablando de 90 familias, sino también de grandes profesionales, empleados muy formados de la provincia de Santa Fe que se están perdiendo. Son trabajadores con una formación muy específica y una experiencia que no se consigue de un día para el otro”, señaló.
Frente a la retracción de los talleres metalmecánicos locales, muchos de ellos también en convocatoria de acreedores o cerrando sus puertas, el titular del gremio advirtió sobre la nula capacidad de reinserción laboral en la región: “personas totalmente formadas, con una categoría profesional importante, terminan yendo a manejar un Uber”, lamentó.
La respuesta de la comunidad villense frente al conflicto quedó plasmada el viernes pasado durante una movilización que partió desde la planta hasta la plaza central, convocando a más de 5.000 personas. La marcha contó con el respaldo de diversas organizaciones sindicales, instituciones locales y comerciantes de la zona, quienes bajaron sus persianas en señal de solidaridad con los despedidos.
Con el objetivo de destrabar el conflicto, la dirigencia gremial cuestionó la pasividad de la cartera laboral santafesina, calificando las audiencias actuales como una “pura formalidad”, y reiteró el pedido de una reunión urgente con el gobernador de la provincia, solicitud que lleva quince días sin respuesta. Asimismo, Monti respaldó la iniciativa surgida en las calles de avanzar hacia una medida de fuerza generalizada: “Yo creo que es importantísimo hacer un paro regional, ponerse realmente de frente a esta situación”.
Mientras aguardan definiciones políticas y judiciales, los trabajadores ratificaron que mantendrán la medida de fuerza en la puerta de la fábrica. “Tenemos una carpa afuera de la empresa y ahí vamos a quedarnos hasta que el último compañero cobre lo que tiene que cobrar”, concluyó el dirigente mercantil.

