«Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos, sin embargo, entendemos que una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno. Por eso proponemos avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años», manifestaron a través de un comunicado.
Las propuestas
Volver a un sistema de actualización con tasas bancarias: «Proponemos que se vuelva a aplicar un sistema basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente. Esto permitiría montos más razonables y previsibles».
Eliminar las «cuotas solidarias» y similares impuestas por convenios: «Proponemos derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita «cuotas solidarias», «cuotas sociales» u otros aportes a favor de sindicatos que terminan siendo un costo adicional. En muchos casos, estas cargas se fijan en negociaciones donde gran parte de las empresas no están representadas y además resulta difícil controlar el destino de esos fondos. También se evita que se «disfracen» costos extras para las empresas bajo ese esquema».
En este sentido, desde CADAM, sostienen que «los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos cualquiera sea su nombre u objetivo, incluidos los destinados a capacitación, sostenimiento o creación de instituciones, o beneficios para cámaras y asociaciones, deben ser estrictamente voluntarios».
Que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales: «Proponemos que el empleador no esté obligado a retener cuotas de afiliación sindical. Si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su control y cobranza».
Juicios laborales
Según afirman desde CADAM, «en la práctica, muchas empresas -sobre todo PyME- enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar. Esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo».
«Nos preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (INDEC) más una tasa de interés. No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas», afirman desde la entidad de empresarios mayoristas.
«Nuestro objetivo es simple: una legislación moderna, clara y equilibrada, que proteja derechos, reduzca conflictos, evite abusos y permita que las empresas -especialmente las PyME- puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo», insistieron desde CADAM.
