Las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, activos y jubilados, lograron una intimación judicial a la Obra Social de la Ciudad (OBSBA) para que brinde explicaciones sobre la apertura de centros de salud de uso exclusivo para determinadas dependencias oficiales.
La medida se enmarca en un reclamo judicial colectivo que busca frenar lo que los afiliados describen como “un ataque feroz al derecho a la salud”.
OBSBA, entre el vaciamiento y los privilegios
Según denunciaron, en los últimos dos años se cerraron más de 60 prestadores externos, se implementaron copagos en las consultas —algo inédito hasta ahora— y se vació la cartilla de atención, pese a que el aporte a la obra social equivale al 6% del salario, el doble de lo que pagan trabajadores de otros sectores.
El conflicto tomó mayor dimensión cuando se conoció que la obra social abrió dos centros propios de atención médica: uno en la Jefatura de Gobierno, en Parque Patricios, y otro en el Ministerio de Desarrollo, en Lugano.
Sin embargo, los afiliados señalaron que solo pueden utilizarlos quienes trabajan en esas dependencias, pese a que el financiamiento proviene del aporte de toda la masa de trabajadores y trabajadoras.
La acción judicial —impulsada por un grupo de afiliados y patrocinada por un abogado particular— cuestiona la discriminación y los privilegios en el acceso a la salud, y convoca a sumar adherentes.
Las y los impulsores del reclamo señalaron que la fiscal Marcela Monti puso en duda el carácter colectivo de la causa, al considerar que los trabajadores de Jefatura y del Ministerio podrían tener derecho a servicios exclusivos.
“Parece olvidar que la razón de toda obra social es la solidaridad y la igualdad entre sus afiliados”, sostuvieron los voceros del reclamo.
Amor y Macri, bajo la lupa
Al margen, apuntaron directamente contra Alejandro Amor, titular de OBSBA, y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, a quienes responsabilizan por el vaciamiento de la obra social. “Amor se muestra solidario en sus discursos con las luchas de la clase trabajadora, pero en los hechos nos quita las prestaciones. No vamos a naturalizar los privilegios para pocos y la falta de atención para la mayoría”, expresaron en un comunicado.
El fallo que obliga a OBSBA a dar explicaciones representa un primer paso judicial en una disputa que busca recuperar y mejorar los servicios de salud para las y los trabajadores porteños. “Si no defendemos nuestro derecho a la salud, nadie lo hará en nuestro lugar”, concluyeron.
