Este jueves, en la comisión de Legislación del Trabajo, encabezada por el diputado Martín Tetaz (UCR), se debatieron proyectos de ley sobre la reducción de la jornada laboral y derecho a la desconexión digital.
El proyecto promovido por el titular de la Comisión, propone la creación de la “Jornada Laboral Alternativa”, permitiendo que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las particularidades.
El sistema “tendrá una duración máxima de 48 horas semanales en las que cada sector, en función de las características de la actividad, definirá cómo distribuirlas, pudiendo existir jornadas diarias más largas durante menos días de la semana o bien jornadas más cortas durante mas días de la semana”, se consigna en la redacción de uno de sus artículos.
El director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Martín Juárez Ferrer, argumentó en contra de la modificación del régimen laboral, excepto para contratos a tiempo parcial, debido a la falta de evidencia de aumento de productividad, y argumentó, que «no hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada”, además, aseguró que “van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo”.
La trabajadora María Agustina Chaves, delegada de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien arrancó: “La derecha y la clase empresarial, a través de los distintos gobiernos que la representan, como es el caso del gobierno de Javier Milei, intentan quitar derechos a la clase trabajadora, que los ha conseguido a través de los años con lucha y organización, para de esta manera seguir favoreciendo a un puñado de multimillonarios”.
Chaves explicó que en 2003, el gremio logró la reducción de la jornada laboral a seis horas para el sector de tráfico y un año después para el sector de boleterías, lo que otorgó a los trabajadores “tiempo para estudiar, tiempo de ocio, tiempo con los hijos e hijas”. “Todo eso que decían de que la empresa se iba a fundir y se iba a ir, era una mera extorsión, porque la empresa no sólo se quedó y tuvo que contratar muchísima gente, sino que hoy, a 21 años, sigue al frente de la concesión del subte”, subrayó.
Por su parte la abogada del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Alelí Prevignano, celebró esta iniciativa porque “en este concepto de ‘Online’ que se está estableciendo en el marco de las relaciones de trabajo, el trabajador está todo el día a disposición del empleador. No importa qué límite de jornada tenga. El WhatsApp lo tenemos todos 7×24 y hay una mala adecuación y mala responsabilidad empresaria de no prohibir el uso de esa herramienta, que es tan común y humana, en el marco de las relaciones laborales”.
Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), advirtió que la ley podría perjudicar a las empresas y sugirió mejorar la productividad económica.
Durante la misma, Gonzalo Iparraguirre, antropólogo de la Universidad de San Andrés, destacó la obsolescencia de la ley actual y señaló que en el mundo este tema se enmarca dentro de “las políticas del tiempo, que incluyen todos los usos que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana, no solamente lo laboral, entra en juego nuestra vida familiar, recreativa, el ocio, el esparcimiento, la educación”.
“Nos estamos regulando por una política que es totalmente anacrónica, que no responde a la época que estamos viviendo. Las políticas del tiempo, sobre todo en Europa, hace ya 30 años que se vienen discutiendo”, agregó.
El especialista subrayó que “ya no tiene sentido la jornada laboral de ocho horas pensada en un ambiente fabril” porque “hoy en día los teléfonos, las computadoras, los mails ponen el trabajo permanentemente ‘en línea’. Pareciera que nunca terminamos de trabajar. Y eso tiene un impacto en la salud”.
A su vez, Julián Marchisotti, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, apoyó la reducción desde una perspectiva social y humana, mencionando beneficios como menor fatiga y siniestralidad, mientras que su colega Gastón Valente previó un aumento de la litigiosidad y defendió que la reducción no implicaría una gran carga económica.
“No hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino de un punto de vista social y humano, porque atrás de esto hay personas, que no son consideradas mercancía -por suerte- desde hace siglos”, apuntó el letrado.
En tanto que el Doctor Pablo Horacio Mosca, de la Universidad Católica, sostuvo que «una de las primeras conquistas sociales que tuvieron los trabajadores fue la limitación de la jornada de trabajo. Cabe preguntarse, si la norma madre que es el articulo 14 bis, que estable que la jornada debe ser limitada, y con las reglamentaciones que tenemos, se cumple con la realidad en la que vivimos.
«No podemos desconocer la globalización y la pandemia, importantes cambios se producen en el ámbito de trabajo. Mantener una legislación que tiene casi 95 años uy que es producto del primer convenio de le OIT, merece una rápida revisión de parte de esta Cámara a los efectos de una mejor adaptabilidad productiva».
El abogado Jorge Samouelian expresó: “Mi convencimiento es que con estos proyectos lo que producimos es lo contrario a reducción de costos”. “Hoy el tema es mejor dejarlo como está y respetar los regímenes vigentes y la autonomía colectiva. La jornada ha sido adecuada a la realidad de cada actividad por la negociación entre sindicatos, quienes defienden los derechos de los trabajadores, entidades empresarias y avaladas por el Ministerio. Cuando queremos hacerlo por ley, abarcando a todos los trabajadores y sectores, pecamos por los hechos“, opinó.
Para Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, afirmó que “ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida, con lo cual un punto a favor es que la ley se adecuaría a algo que ya está sucediendo”. Sin embargo, “solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo asalariado registrado”, indicó.
La economista precisó que los trabajadores argentinos trabajan en promedio “40,2 horas semanales”. “Los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados”, apuntó y estimó que “pasar de ocho a seis horas tendría un costo laboral de 33% para las empresas”.
Giordano insistió que estos cambios “no van a tener muchos efectos e incluso pueden traer dolores de cabeza a las empresas”; aunque sí se mostró a favor que se fomente el teletrabajo, “que sí tiene evidencias de mejorar la productividad”.
Por último, Analía García y Sergio Arce subrayaron la necesidad de modernizar el régimen laboral y aseguraron que “la reducción de la jornada laboral es una deuda que se tiene con la clase trabajadora”.
