Fernando Godoy, presidente de la institución que representa a gran parte de los proveedores provinciales, advirtió que sin una reglamentación clara y estricta, la ley corre el riesgo de quedar solo en el papel.
CAPRIMSA exige intervenir en el decreto reglamentario
La postura de CAPRIMSA tiene antecedentes. La cámara ya participó en la elaboración del artículo 16 del proyecto original, y esa experiencia le da argumentos para reclamar un lugar en la redacción del decreto. “Nosotros queremos participar, de hecho hemos participado en la conformación del artículo 16 y otros donde el gobierno aceptó nuestra mirada”, declaró Godoy en diálogo con Minería & Desarrollo.
Según explicó el dirigente, existe un acuerdo de palabra con el gobierno provincial para trabajar en conjunto en el decreto reglamentario. La cámara ya mantiene contacto con el Ejecutivo para acceder al borrador y aportar propuestas técnicas antes de su firma definitiva, respaldada por su equipo de asesores jurídicos.
El objetivo que Godoy describe no admite ambigüedades: que la reglamentación sea clara, estricta y auditable. Las obligaciones deben ser concretas y verificables para cada operadora que desarrolle proyectos en la provincia. No alcanza con que la ley exista.
Por qué los proveedores reclaman mayor rigor en la norma
La urgencia de CAPRIMSA no es abstracta. El sector señala irregularidades concretas en el comportamiento de algunas operadoras, y el proyecto Vicuña aparece como el ejemplo más citado por Godoy.
“Vemos desprolijidades, por ejemplo, en la licitación que va a sacar Vicuña del primer tramo de electricidad donde se manejan solos; ni siquiera le informan a las cámaras, o lo hace tardíamente, invita a empresas locales y después nos enteramos que hay empresas de otras provincias”, afirmó el dirigente.
El problema se extiende a la plataforma Achilles, que funciona como registro de proveedores para las principales empresas del sector. Godoy denunció que firmas sanjuaninas inscriptas en esa plataforma son excluidas de procesos de selección sin explicaciones claras. “Eligen a las que quieren, a las que desean y después el argumento es que nuestras empresas no están inscriptas en Achilles. Y nosotros hemos comprobado que muchas sí lo están”, enfatizó. Sin una reglamentación obligatoria, las operadoras actúan sin rendir cuentas a la cadena de valor provincial. Esa es la brecha que CAPRIMSA busca cerrar.
Qué consecuencias busca evitar CAPRIMSA con el decreto
Para la cámara, el decreto reglamentario debe convertir las buenas intenciones de la ley en obligaciones concretas sobre la contratación de mano de obra y servicios locales. “Lo que queremos es que la ley complemente el espíritu con la realidad”, sintetizó Godoy.
Una de las demandas más urgentes es la activación del REPROMIN provincial, el registro oficial de proveedores de San Juan. Sin ese instrumento, los proveedores locales quedan subordinados a plataformas privadas como Achilles y a los criterios discrecionales de cada empresa.
La advertencia de Godoy va más lejos. Si la expansión minera en San Juan no genera beneficios reales en la cadena de valor provincial, el propio modelo de desarrollo pierde justificación. “¿Para qué queremos tanta minería?”, planteó el dirigente, parafraseando una reflexión que circula también en otras provincias mineras del país. La cámara, además, defiende su propia razón de ser: si no puede exigir el cumplimiento de las normas de contratación local, su función gremial se vacía de contenido. “Si nosotros no hacemos una defensa sindical de nuestros socios, ¿para qué están las instituciones?”, preguntó Godoy.
Contexto: la ley y el rol del Estado provincial
La Ley de Desarrollo Local Minero es el marco formal que regula la preferencia de contratación de proveedores sanjuaninos en proyectos mineros que operan en la provincia. Su aprobación fue el primer paso; el decreto reglamentario es el que definirá su alcance real.
CAPRIMSA tiene un plazo de 60 días para incidir en el borrador antes de su firma definitiva. En ese tiempo, la cámara busca presentar propuestas técnicas concretas al Ejecutivo, respaldadas por su equipo jurídico. Godoy es directo sobre quién debe asumir el rol central en este proceso: “El gobierno es el gran articulador de poder que hay que bajar hacia las mineras”, depositando en el Estado la responsabilidad de hacer cumplir la norma ante las operadoras.
En síntesis: CAPRIMSA reclama participar en la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero para que las obligaciones de contratación local sean más estrictas y auditables. La cámara denuncia irregularidades concretas de algunas operadoras, propone activar el REPROMIN provincial y advierte que sin un decreto sólido, la ley no generará beneficios reales para la cadena de valor sanjuanina. El plazo para incidir en el borrador es de 60 días.
