La empresa fundamentó las cesantías invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, figura legal que contempla el pago del 50% del monto indemnizatorio al argumentar razones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Según expresaron desde la firma, la determinación responde al desplome operativo causado por la cancelación del contrato con YPF. En julio pasado, la petrolera estatal dio de baja el aprovisionamiento de su red de tiendas Full, un cliente de peso que representaba aproximadamente el 76% del volumen total de ventas de la distribuidora.
Ante el envío masivo de los telegramas de despido, el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza (CEC-Lomas) impulsó una inmediata movilización hacia el predio logístico en rechazo a las desvinculaciones. El secretario general del gremio mercantil, Rubén Crosta, encabezó el reclamo en las puertas de la planta para visibilizar el conflicto y repudiar la estrategia patronal de recortar los montos legales.
Durante la protesta, Crosta denunció las irregularidades procesales del grupo económico y sostuvo que «la empresa no inició el procedimiento preventivo de crisis que exige la legislación para acogerse a la reducción en el pago de las indemnizaciones y avanza intempestivamente contra los trabajadores, dejando 53 familias en la calle». Frente a este escenario, la conducción del gremio mercantil exigió la reapertura del diálogo e instó a las autoridades provinciales a intervenir de urgencia para retrotraer las cesantías.
En el transcurso de la tarde, la cartera de Trabajo hizo lugar al pedido sindical y dictó la conciliación obligatoria por el término de quince días. De esta manera, el marco legal dejó sin efecto temporal los 53 despidos, obligando a Potigian a reincorporar a la totalidad del personal afectado y abrir una mesa formal de negociación con la entidad gremial.
El trasfondo del ajuste provocó fuerte malestar en la organización sindical debido a que la planta fue inaugurada hace poco más de un año. El emprendimiento se había instalado al amparo del programa de promociones industriales de la comuna de Esteban Echeverría, que le otorgó exenciones impositivas por un lapso de diez años mediante un decreto entregado en mano por el intendente Fernando Gray. Desde el CEC-Lomas remarcaron la contradicción de una empresa que obtuvo beneficios tributarios promocionando la creación de puestos de trabajo y que, a solo doce meses de su apertura, intenta reducir a la mitad su dotación.
A la par de la acción gremial, Crosta utilizó el caso de la distribuidora para apuntar contra el discurso del Gobierno nacional referente a los indicadores de actividad económica. Al evaluar la caída de las ventas y la ola de cesantías en el sector comercial, el titular de la seccional mercantil señaló: «La realidad cotidiana de los trabajadores echa por tierra el relato de un presidente que se llena la boca diciendo que el consumo vuela en la Argentina. Quizás vuela tan alto que aquellos que tenemos los pies en la tierra ni lo vemos».
Tras la medida dictada por la cartera laboral de la provincia, los trabajadores retomarán sus tareas habituales en el predio logístico mientras transcurre el plazo de quince días dispuesto para la negociación entre el Grupo Goldfarb y la representación sindical.
