La pulseada por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial y volvió a poner al Gobierno de Javier Milei contra las cuerdas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vigente en el marco de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución sostiene que el cumplimiento de la cautelar dictada anteriormente continúa siendo incompleto y advierte que, si el Gobierno no acata la orden judicial, podrán aplicarse sanciones económicas por cada día de demora.
El planteo alcanza a la actualización de los fondos destinados a las universidades, incluyendo salarios del personal docente y no docente y becas estudiantiles. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el incremento salarial que debe contemplarse para dar cumplimiento a la ley alcanza el 33 por ciento.
El Gobierno no logró acreditar el cumplimiento
La nueva intimación se produce después de que el Ejecutivo intentara dejar sin efecto la medida cautelar. Semanas atrás, Cormick había rechazado el pedido del Gobierno para levantarla al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto había quedado solucionado.
En aquella oportunidad, el magistrado también había intimado al Estado a precisar y documentar, dentro de los tres días de ser notificado, cuál era el nivel de cumplimiento alcanzado.
Ahora, tras analizar la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, el juez determinó que la información aportada no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Por ese motivo, volvió a intimar al Poder Ejecutivo y fijó un nuevo plazo de cinco días para que concrete las medidas ordenadas por la Justicia.
La resolución deja así vigente la obligación del Estado de avanzar con las actualizaciones contempladas en la cautelar, mientras continúa la disputa judicial alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
FATUN: “La ley debe cumplirse”
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) celebraron la decisión judicial y remarcaron que se trata de una nueva señal frente al incumplimiento denunciado.
“La Justicia Federal volvió a señalar que el Estado Nacional no cumplió de manera total con la medida cautelar vigente en el marco de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo la organización en un comunicado.
La federación que nuclea a NODOCENTES de todas las universidades nacionales destacó que la resolución establece expresamente que la medida cautelar anterior “se encuentra firme” y que su cumplimiento continúa siendo incompleto.
En ese marco, FATUN reafirmó que la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse y cuestionó que los derechos de los trabajadores nodocentes, de la comunidad universitaria y de las universidades nacionales queden sujetos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
“La defensa de la Universidad Pública también se construye haciendo valer las leyes y las resoluciones de la Justicia”, planteó la organización.
La decisión judicial llega en medio de la creciente conflictividad en las universidades nacionales, donde docentes y nodocentes vienen reclamando por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso.
Para la entidad gremial que conduce Walter Merkis, el nuevo plazo impuesto por Cormick abre una cuenta regresiva de cinco días para que el Gobierno cumpla con la ley, bajo la posibilidad concreta de que se apliquen sanciones económicas si vuelve a incumplir la orden judicial.
“Unidad, Solidaridad y Organización”, cerró la federación.
