La modificación del régimen de propiedad intelectual aplicado al sector farmacéutico abrió un fuerte debate entre los distintos actores de la industria. Desde el Gobierno y las empresas multinacionales destacan que la nueva normativa mejorará la innovación y la llegada de nuevas terapias. Pero la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) puso el foco en la necesidad de evitar abusos que puedan afectar la competencia y el acceso a los medicamentos.
Desde la entidad que conduce Jorge Belluzzo y representa a los laboratorios nacionales señalaron que el sistema de patentes debe reconocer únicamente las innovaciones reales. Y no permitir mecanismos que extiendan artificialmente los monopolios. Cilfa advirtió sobre el impacto de las denominadas patentes de evergreening, que consisten en proteger cambios menores en medicamentos ya conocidos sin mejoras terapéuticas sustanciales.
“La industria farmacéutica argentina dinamizó la competencia en el mercado farmacéutico. Desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron. O que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”. Así lo indicó a Mundo Gremial el director ejecutivo de Cilfa, Eduardo Franciosi.
Uno de los ejes centrales del planteo de Cilfa es el impacto que tienen los medicamentos genéricos y biosimilares en la reducción de precios y en el acceso a los tratamientos. Según datos del sector, la aparición de estos productos permitió reducciones muy significativas en terapias de alto costo. Con diferencias de precios que en algunos casos superan el 60% y el 80% respecto de los medicamentos originales.
Entre los casos mencionados aparecen medicamentos de alto impacto sanitario y presupuestario, donde la competencia permitió ampliar la cobertura y tratar a más pacientes. La entidad remarcó que este proceso de competencia se vería afectado si se conceden patentes sobre modificaciones que no representan avances terapéuticos reales. Ya que eso retrasa la entrada de competidores y mantiene precios elevados durante más tiempo.
El impacto económico de este proceso es considerable. Un estudio citado por la cámara empresaria estimó que los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares alcanzan los US$ 2.214 millones anuales. Cifra que podría llegar a US$ 3.321 millones en 2025 si se suman nuevos lanzamientos y moléculas no incluidas en la medición original. Estos ahorros benefician al sistema de salud en su conjunto. Incluyendo al Estado, las obras sociales, las prepagas y los pacientes, ya que permiten tratar a más personas con los mismos recursos.
El nuevo régimen de patentes
El Gobierno avanzó en la modernización del régimen de propiedad intelectual mediante la derogación de una normativa vigente desde 2012. Ésta imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes. A partir de la resolución conjunta 1/2026, las solicitudes serán evaluadas caso por caso según los criterios generales de la ley. Es decir novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, en línea con estándares internacionales.
La reforma fortalece el rol técnico del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que será el organismo encargado de analizar cada solicitud sin restricciones adicionales. Desde el Gobierno sostienen que este cambio permitirá atraer inversiones, impulsar la investigación y acelerar la llegada de nuevas terapias al país.
En este contexto, desde la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) señalaron que la medida representa un paso clave. Para impulsar la innovación en salud y volver a poner a los pacientes en el centro, al generar reglas más previsibles y alineadas con estándares internacionales. Según la entidad que preside Mariana Schoua, una mayor protección de la propiedad intelectual impulsa la inversión en investigación y desarrollo. Como también la realización de ensayos clínicos y la generación de empleo calificado, además de facilitar la llegada de nuevos tratamientos.
Competencia, innovación y salud pública
Desde Cilfa señalaron que la cuestión excede el interés empresarial y debe analizarse desde la salud pública. La entidad remarcó que el objetivo debe ser lograr un equilibrio entre la innovación y el acceso a los medicamentos, evitando distorsiones que perjudiquen la competencia.
“La cuestión trasciende el interés privado de las empresas que Cilfa representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos. Resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico. De modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio. Sin dilaciones artificiales e indebidas de años”.
En este sentido, también destacó que la derogación de las pautas de patentabilidad no elimina los principios científicos ni los antecedentes jurisprudenciales que regían el análisis de patentes. Y expresó su confianza en la capacidad técnica del INPI para evaluar los pedidos de manera rigurosa. Y conceder patentes solo a innovaciones auténticas, rechazando aquellas que busquen extender monopolios sin justificación científica.
De esta manera, el nuevo escenario abre una etapa de transición en la industria farmacéutica argentina. Donde el desafío será encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación, la competencia de la industria local y el acceso a los medicamentos. Para los laboratorios nacionales, el punto central es que el nuevo sistema no se convierta en una herramienta para bloquear la competencia. Sino en un mecanismo que promueva tanto la innovación como el acceso, en un mercado que tiene impacto directo en la salud de la población y en el costo del sistema sanitario.
