Como ocurre habitualmente, la actualización para las fuerzas de seguridad será otorgada por decreto del Poder Ejecutivo provincial, ya que la legislación vigente no contempla negociaciones paritarias para el personal policial.
La medida se suma al incremento del 9,3% dispuesto durante el primer tramo del año para los efectivos bonaerenses, en línea con las recomposiciones salariales acordadas para otros sectores de la administración pública provincial.
De acuerdo con estimaciones oficiales, sin considerar adicionales por servicios extraordinarios u otras compensaciones, un superintendente provincial percibe actualmente un salario básico cercano a los $2,3 millones. En tanto, un comisario general ronda los $1,9 millones; un comisario mayor, los $1,7 millones; un comisario inspector, los $1,5 millones; y un oficial ingresante percibe aproximadamente $900.000.
Junto con la recomposición salarial, el Ejecutivo bonaerense prevé anunciar una suba del 30% en las asignaciones familiares que perciben los integrantes de la fuerza, una medida que busca reforzar los ingresos de los trabajadores en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.
Refuerzo de programas sociales
El Gobierno provincial también dispondrá una actualización de los montos destinados a distintos programas de asistencia social, entre ellos Envión, Reunir, Barrios Bonaerenses y el Plan Más Vida.
La decisión se suma al incremento del 25% aplicado en abril a esas prestaciones, cuando la administración de Axel Kicillof reforzó las partidas destinadas a la asistencia alimentaria a través de los municipios bonaerenses.
Aquella medida fue adoptada luego de la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), que distribuía módulos alimentarios para estudiantes de escuelas públicas y sus familias. La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, lo que llevó al Ejecutivo provincial a fortalecer otras herramientas de contención social.
Con estas medidas, la administración bonaerense busca sostener el poder adquisitivo de trabajadores estatales y fuerzas de seguridad, al tiempo que refuerza los programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables de la provincia.
