La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró un fallo judicial que confirmó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno su aplicación.
El pronunciamiento se da en un contexto de alto acatamiento al paro en las casas de altos estudios del país, en medio del reclamo por la urgente convocatoria a paritarias y la recomposición del 48,7% del salario perdido desde la asunción del presidente Javier Milei.
La resolución ratifica una medida cautelar dictada en primera instancia y establece que la normativa debe ser cumplida, en un contexto en el que el sector denuncia «161 días de incumplimiento» en su implementación por parte del Poder Ejecutivo.
“La ley está vigente y debe cumplirse”
Desde la entidad que conduce Daniel Ricci remarcaron que la Justicia fue clara al confirmar que la ley se encuentra plenamente vigente, al tiempo que cuestionaron el incumplimiento por parte del Gobierno.
En ese sentido, el gremio señaló que la sentencia implica la obligación de avanzar en la actualización de salarios y la recomposición de becas, dos de los puntos centrales contemplados en la norma sancionada.
Reclamo por salarios y financiamiento
En su comunicado, la federación sostuvo que el Ejecutivo mantiene una postura de incumplimiento pese al fallo judicial, y denunció que ya se acumulan más de 160 días sin la aplicación efectiva de la ley.
Asimismo, desde el sindicato advirtieron que el conflicto se enmarca en un proceso más amplio de ajuste sobre la universidad pública, que —según plantearon— se extiende desde hace más de dos años y medio.
Medida de fuerza y continuidad del reclamo
En paralelo al pronunciamiento judicial, FEDUN ratificó la continuidad de sus medidas de protesta y volvió a reclamar la convocatoria a paritarias y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Paritarias ya” y “cumplimiento de la ley ya”, remarcaron desde la organización, en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.
El fallo judicial abre así un nuevo capítulo en el conflicto, al reforzar el reclamo de los gremios docentes que exigen la implementación efectiva de la normativa y una recomposición de los recursos destinados al sector.
