La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes un recurso de amparo contra la Ley de Modernización Laboral. La presentación se realizó inmediatamente después de que el Gobierno nacional, a través del Decreto 137/2026, promulgara la normativa que había recibido sanción definitiva en el Senado apenas una semana atrás.
El recurso de amparo fue radicado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, tras el sorteo de rigor, quedó asignado al Juzgado N°7, bajo la titularidad del magistrado Enrique Lavie Pico. La elección del ámbito judicial no es menor: se trata del mismo juez que, a principios de 2024, desarticuló el capítulo laboral del primer decreto de desregulación económica de la gestión de Javier Milei.
Los argumentos de la central obrera
La CGT fundamenta su reclamo en la violación del artículo 14 bis, además de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica.
- Violación del Principio de Progresividad: El sindicato advierte que la ley supone un retroceso injustificado en derechos ya adquiridos.
- Quiebre del Principio Protectorio: Sostienen que la norma ignora la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.
- Afectación de la jornada y el salario: Denuncian que la reforma habilita jornadas de hasta 12 horas, elimina el pago de horas extras y reduce de forma indirecta el salario real.
- Desfinanciamiento de la Seguridad Social: Se cuestiona la eliminación de sanciones para empleadores que no realicen aportes y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones en cuotas.
Un escenario de mayor conflictividad
Durante la movilización realizada el lunes pasado frente al Palacio de Tribunales, los dirigentes advirtieron que esta ley aumentará la precarización y la tensión social. Jorge Sola, uno de los secretarios generales, manifestó la confianza de la CGT en la objetividad de la Justicia para «cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional».
La central obrera no descartó profundizar su plan de acción mediante asambleas, paros y nuevas movilizaciones si la Justicia no dicta una medida cautelar que suspenda los artículos cuestionados.
