El 11 de diciembre de 2024, el gobernador Frigerio anunció la intervención del IOSPER mediante el Decreto N° 3.675, argumentando irregularidades financieras y un déficit mensual de aproximadamente 2.000 millones de pesos. La medida incluye una auditoría integral del organismo y tiene como objetivo «normalizar» la obra social y garantizar el servicio a los afiliados.
Sin embargo, sindicatos como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Personal Legislativo (APLER), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) han expresado su firme rechazo a la intervención. Desde AGMER, señalaron que la medida «lesiona la representación genuina de los afiliados» y advirtieron que «si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse».
Por su parte, APLER calificó la intervención como «sorpresiva e injustificada» y solicitó la convocatoria a elecciones para normalizar la situación del IOSPER . La CTA, en tanto, calificó la medida como un «atropello a los estatales entrerrianos» y un «camino al ajuste».
Desde el gobierno provincial, se argumenta que la intervención es necesaria para abordar el déficit y las irregularidades detectadas en el IOSPER, y se asegura que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados . Los interventores designados, Mariano Gallegos y Marina Alegre, han afirmado que la auditoría en curso permitirá conocer la magnitud real de la deuda y establecer las medidas necesarias para sanear la institución .
La controversia en torno a la intervención del IOSPER refleja una creciente tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos, quienes defienden la gestión obrera del organismo y advierten sobre posibles recortes en derechos y prestaciones para los afiliados. Mientras tanto, el futuro de la obra social y la representación de los trabajadores en su dirección permanecen en debate.
