El anuncio del Gobierno de establecer, de manera transitoria, retenciones cero a la exportación de granos y subproductos generó inicialmente expectativas en el sector agropecuario. Sin embargo, el esquema finalizó de forma anticipada tras apenas 72 horas, al agotarse el cupo de US$ 7.000 millones que fijó por el Decreto 682/2025. La medida, que en un principio se presentó como un gesto hacia el campo, derivó en un fuerte malestar entre entidades agropecuarias de todo el país. En diálogo con Mundo Gremial, éstas coincidieron en señalar que el beneficio solo favoreció a un grupo reducido de grandes exportadores. Dejando así afuera a la mayoría de los productores, especialmente a los pequeños y medianos.
Una transferencia brutal hacia el sector exportador
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, fue categórica al cuestionar la decisión oficial. “Es una medida que se tomó sin pensar en el sector productivo ni en incentivar la producción agropecuaria. Sino que es una medida de corte netamente económico que además perjudica al sector porque sigue provocando imprevisibilidad”.
Además advirtió que los productores más chicos no pudieron aprovechar la eliminación de retenciones: “Claramente no fuimos los productores de esa medida porque ya no teníamos más cosecha. Y quien podía tener algún grano reservado tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo”. La dirigente denunció que en la práctica se trató de una transferencia de recursos “brutal” del sector primario hacia el exportador.
En ese sentido, reclamó que las políticas públicas contemplen previsibilidad y planificación: “Lo que necesitamos es claridad para que la cadena funcione hacia adentro. Se trata de exigir al Estado medidas previsibles para todos”.
Alivio inicial, pero distorsión del mercado
En la misma línea, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo la decisión representó “un alivio inicial”. Pero también estuvo “distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor”. El dirigente reclamó al Gobierno extender la vigencia de la medida hasta el 31 de octubre, tal como estaba previsto inicialmente.
“El sector necesita reglas claras y duraderas”. Además, envió un mensaje directo a los productores: “No se apresuren, defendamos el fruto de nuestro trabajo. Y a quienes se adelantaron y necesitan de nuestros granos, que paguen lo que corresponde”. Castagnani subrayó asimismo que esta coyuntura “demuestra que podemos comenzar el camino hacia la eliminación total de las retenciones”. Un reclamo histórico de las entidades agropecuarias, ya que “un esquema sin impuestos distorsivos permitirá planificar, invertir y producir más”.
Una ventana de oportunidad para unos pocos
Desde Coninagro, entidad que conduce Lucas Magnano, la evaluación fue reflexiva, aunque no menos crítica. La entidad consideró que la medida, en la práctica, dejó “una sensación amarga” en los productores. “Si bien la iniciativa se recibió con expectativas, no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es quien más riesgo asume”. En cambio, los beneficios quedaron concentrados en un número reducido de actores: “Fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos”.
Coninagro celebró, no obstante, que el Gobierno planteó el inicio de un camino hacia la eliminación gradual y permanente de la alícuota. En ese marco, la entidad pidió transformar la eliminación de las retenciones en una política de Estado: “El dato es elocuente: en tan solo tres días el Gobierno consiguió los US$ 7.000 millones que pretendía. Es una clara muestra del enorme potencial del campo argentino, siempre dispuesto a contribuir si se le permite liberar sus energías emprendedoras”.
En la misma línea, Coninagro Córdoba, que conduce Vanesa Padullés, confirmó el fuerte malestar en el agro. Advirtió que “la mayoría de los productores no tenemos estructuras financieras ni comerciales sofisticadas para reaccionar en cuestión de horas ante ‘ofertas de ocasión’. En este caso, ante un planteo de baja temporal sorpresiva de Derechos de Exportación (Retenciones) con cupo, nos quedamos perplejos, analizando la situación”.
Además remarcó que muchas veces los productores ni siquiera cuentan con mercadería disponible, o si la tienen ya está comprometida para el pago de alquileres, lo que impide tomar decisiones inmediatas: “No es sencillo decidir inversiones de millones, vender o calzar posiciones de un día para otro”.
Tras apenas tres días de vigencia de la medida, quedó en evidencia que las advertencias del sector eran correctas. “No nos alcanzaron los beneficios que necesitábamos en un escenario de precios acotados y altos costos como bocanada de oxígeno… ni la vimos”.
Coninagro Córdoba reclamó reglas claras y permanentes, rechazando los “artilugios coyunturales” y las “operaciones políticas”. “Las retenciones deben eliminarse para siempre, y tratar de reducir al máximo la pesada carga impositiva, así podemos desarrollar nuestro potencial”, plantearon.
Finalmente, la entidad subrayó el esfuerzo cotidiano del sector. “Los productores arriesgamos patrimonio y esfuerzo todos los días para producir los granos que son alimento y el mundo demanda, a cambio de divisas que tanto necesita nuestra economía. Lo mínimo que exigimos es respeto y previsibilidad”.
Un gran negocio para los exportadores
La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que preside Berardo Vignatti, también manifestó su descontento. La entidad sostuvo que la finalización abrupta del régimen “generó malestar en los productores santafesinos. Y volvió a mostrar la dificultad de aplicar políticas claras y sostenidas en el tiempo”.
“Una medida tan corta solo benefició a unos pocos con capacidad de respuesta inmediata. Dejando así afuera a la mayoría, en especial a los pequeños y medianos productores”, advirtió Carsfe. Por ello, pidió retrotraer la medida y extender su plazo para garantizar igualdad de oportunidades. “Santa Fe necesita estabilidad para seguir generando valor y desarrollo. Es fundamental que las retenciones se eliminen definitivamente”.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que preside Ignacio Kovarsky, fue aún más dura en sus críticas. Calificó la resolución como “una medida coyuntural que no generó ningún beneficio para los productores, verdaderos dueños de los granos. Terminó siendo un gran negocio para los mismos de siempre: los exportadores”.
Según CARBAP, la decisión alteró el normal funcionamiento del mercado de granos, generando “incertidumbre y desconfianza”. Y consolidando ganancias extraordinarias para un grupo reducido de intermediarios. “La eliminación de las retenciones debe seguir siendo el objetivo. Pero debe realizarse de manera planificada, seria y con los productores en la mesa de decisiones”. La entidad alertó a los agricultores a actuar con cautela frente a la presión del mercado.
Un guiño que no fue al campo
Desde la Sociedad Rural de Rosario, que conduce María Soledad Aramendi, también se cuestionó el Decreto 682/2025 y se hizo público el fuerte malestar del agro. “El cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores. La enorme mayoría de los productores primarios y medianos quedó al margen de este beneficio”.
Para la entidad, la medida se presentó como un guiño al campo. Pero en realidad “generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día”. Por eso, reclamaron que las políticas públicas se diseñen con criterios de equidad y alcance real a toda la cadena agroproductiva.
En la misma línea, la Sociedad Rural de Río Cuarto, que preside Heraldo Moyetta, coincidió en que la eliminación momentánea de las retenciones respondió más a una urgencia fiscal del Gobierno que a las necesidades de los productores.
“La gran velocidad con la que se cubrieron las declaraciones juradas de exportación hizo casi imposible que la ventaja de vender la producción sin aranceles llegara al grueso de los agricultores”.
La entidad subrayó que “una medida de 72 horas es todo lo contrario a lo que requiere el productor”. Dado que los ciclos agrícolas y ganaderos demandan previsibilidad a largo plazo. “Una vez más esta experiencia demostró que los cambios repentinos no deben ser parte de la Argentina. Se necesita construir bases de certidumbre y reglas claras para todos los actores”.
