Un fuerte denuncia sacude al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) de San Antonio de Oeste, Río Negro, donde su dirigencia fue acusada de pactar con la empresa Alcalis de la Patagonia (ALPAT) la lista de trabajadores a ser despedidos. La grave denuncia, realizada por fuentes cercanas al gremio y por los propios trabajadores afectados, pone en evidencia una supuesta traición, por parte de quienes deberían defender los derechos laborales, a sus representados.
La acusación señala que, en una audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro, la conducción sindical solicitó participar en la elaboración de la lista de cesantías. Un trabajador despedido expresó la frustración colectiva al conocerse el petitorio: «Nos sentimos traicionados por nuestros propios dirigentes. Nos prometieron defender nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones laborales, pero en realidad nos entregaron a la empresa».
Los trabajadores exigieron la renuncia inmediata de los dirigentes sindicales del gremio y amenazan con una posible revocación de mandato a través de una asamblea extraordinaria.
Despidos, denuncias de corrupción y un acuerdo polémico
La denuncia de los trabajadores no se limita al supuesto pacto con la compañía. También sostienen que la dirigencia sindical ha «saqueado las cuentas del sindicato», llevándose grandes sumas de dinero mientras ellos luchan para cobrar sus salarios, que se abonan en cuotas. Ante esta situación, los trabajadores exigen la renuncia inmediata de los dirigentes y evalúan la posibilidad de convocar a una asamblea extraordinaria para revocar sus mandatos.
El conflicto se da en un contexto de crisis en ALPAT, que formalizó 41 despidos a pesar de estar en plena negociación. La empresa había presentado un plan preventivo de crisis a inicios de año y recibió asistencia financiera del Estado provincial, pero aún así procedió con las cesantías. Ante la respuesta del gremio, la Secretaría de Trabajo de Río Negro dictó la conciliación obligatoria por diez días y convocó a una nueva audiencia.
El secretario general del SPIQyP, Ariel Castillo, había declarado previamente que, aunque se había llegado a un acuerdo en una audiencia de conciliación, la empresa había actuado de mala fe al enviar los telegramas de despido el día posterior al pacto, sin haber informado de la medida previamente.
El conflicto en ALPAT continúa, con la denuncia de los trabajadores contra su propia dirigencia agregando una nueva capa de tensión a la ya complicada situación laboral en la empresa rionegrina.
