Desde la unificación de los espacios de la Confederación General del Trabajo (CGT) en una sola conducción nacional, la Secretaría del Interior, a cargo de Abel Furlán, ha llevado adelante un proceso de reordenamiento interno con la normalización de casi la totalidad de las 82 delegaciones regionales que integran la entidad. Para esta labor, se designó a un coordinador nacional encargado de las negociaciones entre sectores, con el fin de promover la unidad en todo el país. El elegido fue Horacio Otero, ladero de Furlán, quien cosecha fuertes críticas en distintos espacios del gremialismo.
Sin embargo, en años de trabajo, Otero no logró —o tal vez no quiso— avanzar en la unificación de la CGT Rosario, al día de hoy la única regional de peso estratégico que no se normalizó. El argumento central del coordinador Otero, principal armador de las normalizaciones desde la Secretaría del Interior de la CGT, fue contundente: «porque son todos narcotraficantes». Esta declaración, repetida en varias mesas de discusión e inclusive a este medio, pone el foco en el sindicalismo de Rosario como «todos narcotraficantes», a pesar de que ninguno de sus dirigentes —secretarios generales o con fuerte presencia en secretariados nacionales— ha sido denunciado ni procesado por narcotráfico.
En Rosario «son todos narcotraficantes»
A días del congreso de la CGT, programado para el próximo 5 de noviembre, la CGT Rosario permanece como la única regional no normalizada, en una ciudad industrial de las más importantes del país, tal vez la más relevante después de Buenos Aires, con un movimiento obrero prolífero, grandes reivindicaciones y una buena cantidad de dirigentes clave. Lo cierto es que la no normalización responde a diferentes intereses, pero Otero, operador designado por el metalúrgico Abel Furlán, insiste en que no se avanza porque «son narcotraficantes».
El mayor inconveniente radica en una decisión política de la CGT nacional, que no logra acordar un cierre en una de las delegaciones regionales más potentes del país, debido a pretensiones de intereses nacionales que atraviesan a fortísimos dirigentes de la central obrera. Se trata de un escándalo nacional llegar al Congreso de renovación de autoridades sin la definición en una de las regionales más potentes, que cuenta con grandes dirigentes. En definitiva, estamos en presencia de una discriminación político-sindical de la Secretaría del Interior hacia la ciudad de Rosario.
Son variados y repetidos los pedidos por parte de los gremios de la región, que en reiteradas oportunidades se han manifestado por la necesidad de lograr una unidad que sirva como dique de contención a la brutal afectación del cordón industrial. Hubo grandes encuentros sindicales con más de 70 gremios, entrega de petitorios, pero nada cambió la situación.
Otro escándalo en la región: interna en el Sindicato santafesino de Moyano
El Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, creado bajo la influencia de Hugo Moyano, enfrenta un conflicto interno significativo de cara a las elecciones para la renovación de autoridades previstas para el 12 de octubre. El oficialismo, liderado por Juan Chulich, aliado de Moyano, ha sido acusado de prácticas antidemocráticas para bloquear la participación de la lista opositora encabezada por Oscar Galarza, quien representa a un sector mayoritario de trabajadores desencantados con la gestión de Chulich.
El oficialismo, en complicidad con una Junta Electoral afín, se negó a oficializar la lista opositora, lo que llevó a Galarza a recurrir a la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia Laboral de la Décima Nominación de Rosario falló a favor de la oposición y ordenó la oficialización de la lista para los comicios.
Oscar Galarza expresó confianza en una victoria democrática: “Con la Justicia y los compañeros, ganaremos de manera democrática”, y criticó la gestión de Chulich. La lista opositora, llamada “Lista Celeste y Blanca – Pablo Moyano Conducción”, añade intriga al proceso, levantando sospechas sobre la transparencia electoral en el gremio.
