La caída estuvo concentrada principalmente en el sector privado, donde desaparecieron 108.378 empleos asalariados. En el sector público, en tanto, se registraron 36.034 puestos menos. En mayo de 2026, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizó 12.442.017 aportantes, 38.532 menos que en el mismo mes del año anterior. La diferencia entre ambas cifras se explicó por el crecimiento de modalidades laborales con menor nivel de protección.
Mientras se destruyeron empleos en relación de dependencia, el monotributo sumó 71.514 aportantes y el régimen de casas particulares incorporó otras 29.923 personas. Los datos mostraron un desplazamiento desde el trabajo asalariado hacia formas de contratación más precarias y con menores contribuciones al sistema.
La tendencia resultó todavía más pronunciada al ampliar el período de análisis. Desde mayo de 2023, el número total de aportantes a la Seguridad Social cayó en 304.417 personas.
La reducción del empleo asalariado también genera un impacto directo sobre el financiamiento de las jubilaciones. Los aportes realizados por los trabajadores registrados y sus empleadores son superiores a los correspondientes al monotributo, por lo que su reemplazo por modalidades independientes debilita los ingresos del sistema previsional.
Cuando la recaudación proveniente de los trabajadores activos no alcanza para cubrir las prestaciones, el Tesoro Nacional debe completar la diferencia. La caída de los aportantes formales agrava ese desequilibrio y pone mayor presión sobre el financiamiento de jubilaciones y pensiones.
Actualmente, solo el 26,9% de la población argentina realiza aportes a la Seguridad Social por su actividad laboral. En mayo de 2023, esa proporción alcanzaba al 28,2%. Con una población ocupada estimada en unos 22 millones de personas, cerca de 9,5 millones de trabajadores permanecerían en la informalidad, sin aportes jubilatorios ni cobertura plena de salud y riesgos laborales.
Del total de 12,4 millones de aportantes registrados en mayo, el 76,2% eran trabajadores en relación de dependencia, el 20,9% independientes y el 2,9% personal de casas particulares.
El informe advirtió sobre una estructura laboral cada vez más desigual, atravesada por la pérdida de empleos protegidos y el crecimiento de modalidades con menores derechos e ingresos. La continuidad de los despidos en el Estado y el cierre de empresas privadas podrían profundizar esta tendencia y comprometer aún más la sostenibilidad del sistema previsional.
