El Sindicato de Choferes Particulares, encabezado por Elba Andrea Aranda, emitió un comunicado en respuesta al escándalo desatado por los audios filtrados que involucran al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en presuntas actividades ilegales relacionadas con coimas en la gestión de discapacidad.
El sindicato, que representa a trabajadores esenciales para la movilidad de personas con discapacidad que acceden a terapias y asistencias, solicitó la preservación de la continuidad del Sistema de Prestaciones Básicas, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la legislación argentina.
Este sistema incluye transporte, terapias, medicamentos y otras asistencias gestionadas a través del Programa Federal Incluir Salud, fundamentales para la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, según destacó la agencia Mundo Gremial.
Además, el comunicado enfatiza la necesidad de garantizar la sostenibilidad operativa de Andis, asegurando la continuidad de las autorizaciones prestacionales y el pago oportuno de las mismas para evitar retrasos que puedan poner en riesgo miles de puestos de trabajo.
Los choferes, como pieza clave en la logística de traslados, destacan la importancia de no interrumpir estos servicios esenciales.
Por último, el sindicato propone la creación de una mesa de diálogo con la participación de todos los sectores involucrados, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo políticas de inclusión y acciones permanentes que resguarden este derecho humano fundamental.
El escándalo de las coimas y la intervención de Andis
La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, desplazado de su cargo tras el escándalo, expuso un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos, señalando a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como presunta beneficiaria de un esquema de sobornos.
La crisis derivó en la intervención de Andis mediante el Decreto 599/2025, con la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor, y en una investigación judicial que incluye allanamientos y la prohibición de salida del país para varios implicados.
