A fuerza de motosierra y licuadora, el gobierno nacional sigue destruyendo el Estado nacional desde adentro. Los despidos que comenzaron el mismo día que asumió Javier Milei se complementan con los salarios congelados, que empujan a miles de empleados a renunciar o sumarse a los planes de retiros voluntarios. El último ejemplo de esto se dio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde las cesantías generaron la enérgica reacción la semana pasada, dejando imágenes de gendarmes custodiando el titular de la entidad. Más allá que se abrió una instancia de diálogo en ese lugar, lo que está claro es que la gestión libertaria seguirá con el desguace estatal, como parte de su lucha por sostener el superávit fiscal, hoy apalancado en el achicamiento extremo del gasto y la reducción de las obligaciones públicas. En este contexto, en los últimos días comenzó a circular una versión que desde el Ministerio de Desregulación tiene un nuevo plan de ajuste del empleo público, que podría terminar con 27 mil cargos en toda la administración estatal antes de fin de año.
Si bien los detalles todavía no terminan de definirse, se estableció que los primeros que sufrirán este nuevo ataque serían los organismos descentralizados. Además, un nuevo informe afirma que la sub-ejecución del presupuesto en muchos de estos espacios completa la compleja situación.
Con el despido de personal de la CNEA y otras dependencias, la gestión libertaria avanza en su desguace de espacios públicos que incluso generan superávit. Los últimos casos muestran la brutalidad del ataque, que las versiones indican que se mantendrá y profundizará. Es que la idea del ministro desregulador Federico Sturzenegger es reducir un 10 por ciento la planta actual, que afectará a unos 27 empleados públicos. La versión fue confirmada por fuentes cercanas a la cartera que comanda “el coloso”, que ya había sido anticipada en el inicio del año, pero que se mantuvo “en suspenso”. “El plan se anunció a comienzos del 2026, pero recién ahora se ejecutará con decisión, como parte del paquete que busca completar la transformación del estado”; le dijo a Data Gremial una de estas fuentes.
Desde el oficialismo admiten que el recorte afectará a diversas estructuras públicas, aunque no dan precisiones sobre cuáles serán las dependencias exactas que sufrirán las bajas más masivas. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que en esta oportunidad los despidos estarían orientados de manera principal hacia los organismos descentralizados, a diferencia de las primeras etapas del ajuste oficial, donde las reducciones de personal se enfocaron con mayor fuerza en los ministerios y la administración central.
Según lo informado por algunos operadores del Ministerio de Desregulación, que mantienen contactos con algunos dirigentes sindicales estatales, las primeras cesantías podrían llegar en estas semanas, y serían unas 6 mil, como parte de los contratos no renovados por parte de varias dependencias. Esta medida forma parte de un esquema mucho más grande de achicamiento del gasto que lleva adelante la administración nacional, hasta llegar a ese 10 por ciento del total, que adelantaron se realizará este año, pero recién se está empezando a implementar.
Las versiones marcan que entre las entidades estatales que se encuentran bajo la lupa se encuentran las dependencias esenciales vinculadas a la ciencia, la producción, el control social y la seguridad social. La lista incluye al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También podrían sufrir nuevos recortes en sus plantas el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los entes reguladores del gas y la electricidad, ENARGAS y ENRE, sumados al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Expectativa
Esta nueva tanda de inminentes despidos genera expectativa entre los trabajadores y los gremios, que ya analizan las formas de resistir, como sucedió en la CNEA, donde los delegados con apoyo de la conducción nacional de ATE amenazaron con un paro, lo que abrió un canal de diálogo. Pero el avance libertario es muy fuerte, y afecta a casi todo el Estado. “Hubo retiros voluntarios en todos lados”, le confirmó a Data Gremial la referente de ATE en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Mariana Isaurralde.
Como referencia de esto, recordó lo sucedido en el rubro atómico, cuando hace unos días atrás “no le renovaron los contratos a aproximadamente 100 empleados”. “Probablemente se replique esta maniobra en otros organismos, eso es lo que pudimos saber, sin mucho detalle”, agregó Insaurralde.
En la CNRT el achicamiento viene de la mano de la transferencia de funciones del organismo estatal a la Gendarmería Nacional. Así lo viene denunciando ATE, que asegura que esta situación generará que muchos de los actuales controles que se realizan se dejen de hacer, porque a diferencia de la comisión la fuerza federal no tiene presencia en todos los lugares donde hay salida de vehículos bajo su órbita. Incluso, hace unos días la dirigencia sindical denunció que gendarmes estuvo en las bases operativas de la entidad, asumiendo alguna de las tareas, además de sumando información adicional.
Respecto de posibles nuevos ajustes del personal, Isaurralde dijo que “hasta el momento no nos enteramos de que eso vaya a pasar, ya que hubo una reducción con los retiros voluntarios, algunos despidos y jubilaciones”. Sobre el impacto de nuevos despidos, la delegada aseguró que “entendemos que no deberían continuar reduciendo; de ser así se van a ver afectados los controles en todo el país, por el momento no tenemos ninguna certeza de que vaya a suceder”.
Más ajuste
En tanto, a la motosierra y la licuadora se le suma una importante sub-ejecución del presupuesto ya establecido, lo que completa el ataque a las cuentas públicas. Según el último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que difunde un nuevo informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) correspondiente a junio de 2026, se advierte que “el gasto total registra una caída real del 34 por ciento en comparación con igual período de 2023, consolidando un fuerte sesgo contractivo de la política fiscal”. Aunque el ejercicio presupuestario aún se encuentra en curso, el relevamiento permite observar “la orientación del gasto durante el primer semestre del año”.
El documento señala que el ajuste “impacta especialmente sobre políticas de salud, educación, ciencia, desarrollo social, infraestructura y producción, mientras que algunas partidas específicas muestran incrementos”. Entre ellas se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución presupuestaria aumentó un 17 por ciento en términos reales. Asimismo, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 13 por ciento del gasto total ejecutado, reflejando el peso que mantienen los compromisos financieros dentro del presupuesto nacional.
En materia sanitaria, el informe registra fuertes reducciones en organismos y programas estratégicos. La Superintendencia de Servicios de Salud presenta una caída del 64 por ciento, mientras que los hospitales nacionales muestran bajas que oscilan entre el 17 por ciento y el 44 por ciento. También se reducen las partidas destinadas al Instituto Malbrán (-32 por ciento) y a la ANMAT (-42 por ciento), al tiempo que diversos programas de prevención y atención sanitaria exhiben recortes de hasta el 100 por ciento.
Como excepción, el INCUCAI incrementó su ejecución un 68 por ciento real. El área de ciencia y tecnología, donde el ajuste sobre los organismos es muy notorio, también figura entre las más afectadas. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una caída del 88 por ciento, mientras que el CONICET reduce su ejecución un 35 por ciento y la CONAE un 64 por ciento. También disminuyen los recursos destinados al Servicio Geológico Minero Argentino (-31 por ciento), la Fundación Miguel Lillo (-36 por ciento), la CONEAU (-35 por ciento) y el Servicio Meteorológico Nacional (-33 por ciento).
Las transferencias a provincias y municipios también muestran un fuerte ajuste. La Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios disminuye un 97 por ciento, mientras que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires registra un recorte total del 100 por ciento.
Para CEPA, la evolución de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2026 “confirma una estrategia de reducción del gasto público que impacta de manera transversal sobre políticas sociales, sanitarias, educativas, científicas y de infraestructura”. “En contraste, el aumento de los recursos destinados a Inteligencia y el peso sostenido del pago de la deuda reflejan las prioridades que adopta la política fiscal nacional durante el presente ejercicio presupuestario”, concluyó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
