El anuncio de Meitner Energy —una empresa vinculada al empresario de origen iraní Hamid Ansari— de invertir US$ 1.200 millones para construir un reactor nuclear modular en Atucha fue presentado por el gobierno de Milei como una apuesta histórica para el sector atómico argentino. Pero detrás de ese anuncio, trabajadores y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denuncian una realidad opuesta: un presupuesto real un 58% inferior al de 2023 y una crisis sin precedentes en uno de los sectores más estratégicos del país.
Anuncio de inversión privada y nueva doctrina nuclear del gobierno
El proyecto de Meitner Energy propone construir un reactor modular ACR-300 en Atucha con tecnología de INVAP. Fue presentado oficialmente como un potencial “Súper RIGI”: aspira a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, cuya aprobación todavía espera en el Senado.
La Secretaría de Asuntos Nucleares, a cargo de Federico Ramos Nápoli, acompañó ese anuncio con una nueva doctrina: solo se financiarán proyectos con orientación exportadora y el sector se abrirá a la inversión privada, incluyendo la búsqueda y explotación de uranio con fines de exportación.
Bajo esa lógica, las actuales autoridades paralizaron el desarrollo estatal del reactor CAREM y anunciaron que tanto el reactor RA-10 como el Centro Argentino de Protonterapia pasarán a manos de operadores privados. Científicos advierten que ninguna potencia nuclear financia únicamente los proyectos rentables —en todos los casos, el Estado asume inversiones de riesgo estratégico.
Recortes presupuestarios y caída salarial en la CNEA
Los números que manejan trabajadores y científicos de la CNEA son contundentes. El presupuesto real del organismo cayó un 58% respecto a 2023, lo que derivó en una reducción del 42,5% en la masa salarial. Los despidos alcanzaron al delegado gremial Mariano Saleh y a científicos con larga trayectoria en la institución.
Los sueldos de los investigadores más reconocidos no superan los 2,5 millones de pesos, una brecha que empuja a los profesionales más calificados hacia el sector privado o al exterior.
El doctor en Física Andrés Kreiner, investigador responsable del área de aceleradores en la CNEA, describió la situación como “gravísima”. Advirtió que el país enfrenta “otro éxodo de materia gris” y que la crisis no se limita al sector nuclear: afecta a todo el sistema científico, tecnológico y universitario, sobre el que hubo más de setenta años de inversión acumulada.
Paralización del CAREM y del Centro de Protonterapia
El reactor CAREM es uno de los proyectos más emblemáticos de la Argentina nuclear. Con tecnología íntegramente nacional y más del 60% de avance en su construcción, fue paralizado “de facto” a partir de 2024, según la revista especializada AgendAR. Los recortes presupuestarios, los despidos y la cancelación de contratos vinieron acompañados de una revisión técnica que, según esa publicación, sirvió como argumento para justificar la detención de las obras.
El Centro Argentino de Protonterapia contra el cáncer presenta un caso igualmente llamativo: la obra civil ya está terminada, pero el centro no puede abrir porque no hay presupuesto estatal para contratar y capacitar al personal necesario.
Kreiner señaló que la Argentina tiene “una industria nuclear desarrollada, instituciones consolidadas y el dominio del ciclo del combustible”, y cuestionó que todo eso se intente transferir al sector privado sin que el inversor asuma un riesgo real.
Designaciones cuestionadas en puestos clave del sector atómico
A la crisis presupuestaria se suma la controversia por las designaciones en cargos estratégicos. Ezequiel Acuña, militante libertario de 23 años conocido en redes sociales como “@elpasanteok”, fue nombrado subgerente de Responsabilidad Social Empresaria en Nucleoeléctrica Argentina. Su salario llegaría a los 13 millones de pesos, según distintas fuentes —cifra que contrasta con los 2,5 millones que perciben los investigadores más reconocidos del sector.
Santiago Vieyra, exdirector de la filial cordobesa de La Derecha Diario, fue designado coordinador del área de Aplicaciones Nucleares a la Salud. Investigadores y usuarios señalaron públicamente que no tiene antecedentes profesionales vinculados al sector nuclear ni a las aplicaciones de la energía atómica en salud.
El cuestionamiento alcanza también a la posible privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, empresa estatal que factura aproximadamente 600 millones de dólares anuales por la venta de electricidad. Trabajadores advierten que la incorporación de un accionista privado significativo podría traducirse en un aumento de tarifas.
El panorama que enfrenta el sector nuclear argentino puede resumirse en cuatro datos concretos: un presupuesto real 58% menor al de 2023, una masa salarial reducida en 42,5%, dos proyectos estratégicos paralizados o transferidos a privados —el CAREM y el Centro de Protonterapia— y designaciones en puestos clave sin respaldo técnico verificable. Frente a eso, el gobierno impulsa la apertura a la inversión privada y una nueva doctrina exportadora cuya viabilidad, por ahora, sigue siendo una promesa sin concretar.
