La decisión fue adoptada a través de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la normativa vigente, y establece un período de negociación durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y retomar el diálogo. En ese lapso, el gremio deberá suspender cualquier medida de fuerza que afecte el normal funcionamiento de los servicios.
El conflicto se originó a partir de reclamos laborales impulsados por el sindicato, vinculados a condiciones de trabajo y cuestiones salariales dentro del organismo encargado de la regulación y fiscalización de la actividad aérea en el país.
La intervención oficial busca garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales, en un contexto en el que eventuales protestas podrían impactar en la operatoria de los aeropuertos y en la prestación de vuelos comerciales.
Según se informó, la conciliación obligatoria abre una instancia formal de negociación entre las partes, bajo la supervisión del Estado, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita desactivar el conflicto sin afectar a los usuarios del sistema aeronáutico.
De este modo, el Gobierno intenta encauzar la disputa gremial mediante los mecanismos legales previstos, mientras se mantienen en suspenso las medidas de fuerza anunciadas por los trabajadores del sector.
