La Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) declaró en situación de crisis a dos nuevas obras sociales, sumándose a una lista de al menos ocho ya intervenidas por el Gobierno, lo que recrudece la tensión con los gremios. Las medidas afectan a la Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución.
En el caso de la obra social de taxis, la Resolución 1633/2025, amparada en el Decreto 1400/01, determinó que la entidad no puede garantizar la continuidad de la cobertura de sus servicios debido a riesgos institucionales, prestacionales, económicos y financieros. Entre los problemas detectados se encuentran la incapacidad para cumplir con el Programa Médico Obligatorio, desvíos en índices de monitoreo económico y graves dificultades para enfrentar obligaciones financieras.
Además, se identificó un factor de criticidad superior al límite de 65, agravado por la dependencia de subsidios financieros. La SSSalud que encabeza Claudio Adrián Stivelman intimó a la obra social a presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días hábiles y creó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación para supervisar el proceso. También se informó que la entidad podrá presentar recursos de reconsideración o alzada en un plazo de 20 a 30 días.
Por su parte, la Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución fue declarada en crisis mediante la Resolución 1625/2025, tras registrar al 31 de mayo de 2025 un factor de criticidad superior al permitido en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario. La SSS exigió a esta obra social la presentación de un plan de contingencia en un plazo no mayor a 15 días, que incluya metas trimestrales y acciones concretas para su implementación.
Obras sociales, en la mira: SSSalud apunta a un reordenamiento del sistema de salud
Estas decisiones se enmarcan en el reordenamiento del sistema de salud impulsado por la SSSalud, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de los agentes y la calidad de los servicios para los beneficiarios, promoviendo la libre competencia y la libertad de elección. Sin embargo, la intervención de al menos ocho obras sociales y las nuevas declaraciones de crisis han puesto en alerta a los gremios, que ven con preocupación el impacto de estas medidas en el sector.
El Gobierno nacional, en su primer año de gestión, intervino seis obras sociales sindicales por supuestas irregularidades: la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la del Personal Mosaista (OSPM), la de Vareadores (OSV), la del Personal Ladrillero (OSPL), la de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la de la Industria del Fósforo (OSPIF). Este año, se sumaron la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) y la del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA).
Estas medidas, justificadas por el Gobierno como parte de un reordenamiento para garantizar la competencia y la libertad de elección, han intensificado las alertas en el sector gremial, que teme por la estabilidad de las obras sociales y la continuidad de la cobertura de salud para sus afiliados.
La ofensiva del Gobierno contra las obras sociales sindicales, liderada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se enmarca en un programa de auditorías de la Superintendencia de Servicios de Salud que busca sanear el sistema de salud. Sin embargo, las intervenciones y declaraciones de crisis han generado un clima de incertidumbre en los gremios, que denuncian un intento de debilitar el sistema solidario de salud.
