El nuevo proyecto estaría orientado a avanzar con medidas que flexibilizan la regulación del cabotaje y permiten la migración de buques argentinos a registros extranjeros sin restricciones. Lo que podría derivar en migraciones hacia registros de conveniencia como Panamá, Liberia o Islas Marshall. Además, facilitarían la contratación de tripulaciones extranjeras en detrimento del empleo nacional.
A pesar del impacto que estas medidas podrían tener, los cambios han sido trabajados sin un debate público amplio, sino de manera reservada con algunos administradores portuarios y empresarios del sector.
Desde sectores sindicales alertan que la apertura del cabotaje a empresas extranjeras podría afectar miles de puestos de trabajo, ya que los armadores argentinos no podrán competir en igualdad de condiciones con compañías de otros países que operan bajo legislaciones más flexibles y con menores costos laborales. «Nos preocupa que esto termine siendo la desaparición definitiva de la Marina Mercante Nacional», advierte un dirigente gremial.
¿Una nueva oportunidad o el golpe final?
Las voces más críticas sostienen que este esquema beneficiaría exclusivamente a las grandes navieras internacionales, que llevan años reclamando una baja en los costos operativos. Sin embargo, lejos de atraer más embarcaciones al país, la medida podría terminar por reducir la presencia de buques de bandera argentina en los puertos nacionales.
“El cabotaje nacional es un pilar fundamental de nuestra soberanía logística. Si abrimos las puertas a la competencia extranjera sin regulaciones claras, estamos condenando a la desaparición a lo poco que queda de la Marina Mercante Nacional”, advierten representantes del sector.
Desde algunos gremios y cámaras empresariales también surgen dudas sobre la falta de transparencia en el proceso de elaboración de estas reformas. “Nos enteramos por comentarios y rumores, pero nunca hay un espacio de debate abierto con todos los actores involucrados”, señala un representante sindical.
Un modelo que ya fracasó
Argentina ya atravesó un proceso de desregulación durante la década de 1990, cuando se eliminaron numerosas regulaciones con la promesa de atraer inversiones y fortalecer la industria naval. Sin embargo, el resultado fue el contrario: la flota mercante nacional se redujo drásticamente, las empresas locales se debilitaron y el empleo en el sector cayó de manera alarmante.
Los defensores del modelo desregulador insisten en que se trata de una modernización necesaria para que Argentina sea más competitiva. Sin embargo, hay antecedentes que generan escepticismo. “Nada de eso ocurrió. Al contrario, la Marina Mercante Nacional se debilitó y se perdieron puestos de trabajo. ¿Por qué insistir con medidas del siglo pasado cuando el mundo está yendo en la dirección opuesta?”, plantea, Juan Donato, un experto en la materia.
Donato agrega que mientras Argentina analiza este tipo de cambios, organismos internacionales como la UNCTAD (ONU) han recomendado a los países marítimos desalentar la migración de buques a registros abiertos off-shore, ya que esta modalidad ha generado problemas ambientales y laborales en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, incluso, se debate un proyecto de ley denominado «Ships for America», que busca fortalecer su flota propia e incentivar la construcción naval local.
