Mediante la Resolución 516, la IGJ –que depende del Ministerio de Justicia- desestimó el pedido «para funcionar» de una entidad denominada Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) porque sus propósitos «no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles».
MEAB había establecido como su «objeto social» constituir «una Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo creando proyectos e impulsando medidas que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo».
Ese servicio estaba destinado «en particular para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ´accionar delictivo´ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada».
La IGJ consideró que «resulta indudable que el objeto social de MEAB se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica –cuando impliquen la paralización de la empresa- como ‘bloqueos sindicales extorsivos’ y/o ´accionar delictivo´».
«Tales derechos colectivos –añadió la resolución-, así como los individuales de los trabajadores, se encuentran amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales, y han sido calificados por la jurisprudencia como derechos humanos fundamentales».
El organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen subrayó que «la interpretación de los asuntos que deben resolverse a través del Código Civil y Comercial no pueden disociarse de las cláusulas constitucionales, de los tratados internacionales, principios y valores jurídicos».
En la práctica el MEAB se convirtió en una herramienta política de choque de los empresarios, alineados con Juntos por el Cambio, para atacar el derecho de huelga y protesta de diferentes sindicatos.
FUENTE: Línea Sindical
