Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, señaló que la situación preocupa profundamente al personal y se enmarca en un contexto de intento de disolución del instituto que fue frenado judicialmente meses atrás. En declaraciones radiales, afirmó que las medidas actuales constituyen una “avanzada práctica” destinada a disciplinar a quienes sostienen la defensa del organismo.
Según la referente gremial, los efectivos armados custodian instalaciones clave y acompañan a autoridades internas, configurando un clima de control y amedrentamiento. Santana sostuvo que la Policía Federal habría sido retirada y reemplazada por fuerzas de Gendarmería, lo que incrementó el malestar entre los trabajadores.
La dirigente también denunció la instalación de un sistema de vigilancia integral dentro del predio, que incluiría cámaras con reconocimiento facial y dispositivos de captación de sonido en zonas comunes. Desde su perspectiva, estos mecanismos no responden a criterios de seguridad institucional, sino a acciones orientadas a la supervisión directa de la actividad gremial y de las asambleas de trabajadores.
En paralelo, Santana sostuvo que el deterioro de la estructura técnico-científica del instituto continúa profundizándose. Aseguró que no se renuevan becas ni se realizan concursos desde hace dos años, mientras persisten dificultades para la adquisición de insumos y equipamiento esencial.
Pese a la vigencia de una medida cautelar que impide avanzar con modificaciones asociadas al decreto de disolución del INTI, la asamblea gremial acusa al Ejecutivo de actuar en contradicción con el espíritu de la resolución judicial.
La dirigente subrayó que el INTI cumple un rol estratégico en el entramado productivo nacional desde su creación en 1957 y advirtió sobre el impacto que tendría su desarticulación en el desarrollo industrial y tecnológico del país. Remarcó además la necesidad de reforzar la difusión pública de la labor técnica del organismo, en un contexto que describió como marcado por la desinformación y el cuestionamiento del sector público.
Santana concluyó que los trabajadores continúan organizándose para defender la institución y garantizar el cumplimiento de la cautelar vigente, enfatizando que la sociedad ya expresó en ocasiones anteriores un respaldo transversal al instituto.
