ATE presenta demanda colectiva contra la Ley de Modernización Laboral
La demanda fue radicada como reclamo colectivo en favor de jubilados, pensionados y trabajadores aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La intención declarada es que el fallo alcance a todas las personas del sistema, con independencia de cualquier vínculo gremial —no solo a los afiliados de ATE.
Junto con la demanda principal, Aguiar solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley y el decreto mientras se sustancia el juicio. “Tenemos que frenar la implementación del Fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, advirtió. La acción se inscribe en un conflicto más amplio que el gremio mantiene con el gobierno de Milei, donde las medidas de fuerza y las estrategias legales se combinan; esta vez, la vía judicial es la herramienta central.
Cómo funciona el mecanismo que ATE cuestiona
La Ley 27.802 habilita a los empleadores a descontar de sus contribuciones previsionales el mismo monto que aporten al FAL. En la práctica, las empresas dejan de pagar indemnizaciones directamente: esos pagos pasan a cubrirse con recursos que antes ingresaban al sistema jubilatorio.
Fuentes gremiales reconocen que un esquema similar puede tener sentido en sectores con contratos acotados —la construcción, por ejemplo, donde las relaciones laborales tienen inicio y fin definidos. Aun así, sostienen que ese modelo no es extensible al conjunto de las actividades económicas. Para ATE, lo que se presenta como reforma laboral es, en realidad, un negocio financiero que fragmenta el mercado de trabajo y no ofrece ningún beneficio real a quienes dependen de sus aportes para jubilarse.
El impacto estimado sobre el sistema previsional
ATE estima que el desfinanciamiento derivado de este mecanismo asciende a no menos de 3.000 millones de dólares anuales. La cifra podría escalar: si el porcentaje aportado al FAL alcanza su tope del 3%, el sistema perdería el 16,5% de sus ingresos totales.
Aguiar subrayó que el ANSES ya enfrenta dificultades para cubrir las prestaciones vigentes y advirtió que el FAL agravará lo que describió como un “desfinanciamiento sin precedentes, multimillonario”. Las consecuencias no son abstractas. El esquema aleja a los jubilados de cualquier posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de sus haberes —y esa recuperación ya era difícil antes de que la nueva normativa entrara en vigor.
Los fundamentos constitucionales del planteo de ATE
El argumento central apunta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a trabajadores y jubilados. Según ATE, la Ley 27.802 y el Decreto 408/2026 vulneran esa protección al desviar fondos previsionales hacia un esquema de financiamiento de indemnizaciones.
También se invocan tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina, en particular los que protegen los derechos de las personas mayores. Aguiar señaló que el país asumió compromisos internacionales que la normativa cuestionada no respeta. La demanda apunta de manera específica al artículo 76 de la Ley 27.802 y al artículo 24 del Decreto 408/2026: las disposiciones que habilitan el descuento de contribuciones previsionales a cambio de aportes al FAL.
Claves del conflicto
ATE presentó una demanda colectiva ante la Justicia Federal para que se declare inconstitucional la Ley de Modernización Laboral y su decreto reglamentario. El planteo protege a jubilados, pensionados y trabajadores aportantes al SIPA, con independencia de la afiliación gremial, y va acompañado de un pedido de cautelar para suspender las normas durante el proceso. Los argumentos combinan la presunta violación del artículo 14 bis de la Constitución con el incumplimiento de tratados internacionales. El impacto estimado supera los 3.000 millones de dólares anuales, con una pérdida potencial del 16,5% de los ingresos del ANSES si el aporte al FAL llega a su tope máximo.
