La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de poner a la venta el edificio del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), destinado a la capacitación y formación de trabajadores estatales.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 764/2026, publicado el 21 de agosto en el Boletín Oficial, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar cuatro inmuebles pertenecientes al Estado nacional. Entre ellos se encuentra el edificio de avenida Belgrano 637, en la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 956,80 metros cuadrados.
Desde ATE Capital cuestionaron la decisión y advirtieron que la venta implica desprenderse de un espacio destinado a una función específica dentro de la administración pública. El sindicato calificó la operación como un avance de los «negocios inmobiliarios a costa de la formación de trabajadores del Estado».
En ese sentido, la organización gremial sostuvo que el inmueble constituye un espacio vinculado con la capacitación permanente de los empleados públicos y recordó que allí se llevaron adelante los exámenes de idoneidad impulsados por el Gobierno durante la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
«Quieren destruir las capacidades del Estado», sostuvo ATE Capital al cuestionar la venta. El gremio planteó además que los espacios destinados a la formación y el patrimonio público no deberían ser utilizados para operaciones inmobiliarias y defendió la capacitación permanente como una herramienta necesaria para el funcionamiento de la administración pública.
La justificación del Gobierno
El Decreto 764/2026 habilita a la AABE a disponer y enajenar cuatro inmuebles que, según la evaluación oficial, presentan «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad».
El Ejecutivo argumentó que la venta de esos bienes permitiría reducir los costos vinculados con su mantenimiento y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Tesoro Nacional. La norma también sostiene que la incorporación de los inmuebles a actividades productivas podría contribuir a dinamizar la economía.
Además del edificio del INAP, el decreto incluye un terreno de 32.261,26 metros cuadrados en Córdoba, otro de 25.840,90 metros cuadrados en San Rafael, Mendoza, y un extenso predio de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia, Tierra del Fuego, delimitado por las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, la avenida Héroes de Malvinas y Horeb.
La decisión abrió así una nueva discusión sobre la política del Gobierno nacional respecto del patrimonio estatal. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de inmuebles ociosos o innecesarios para la gestión, desde ATE advierten que el desprendimiento de edificios e infraestructura pública también puede afectar las capacidades necesarias para sostener y desarrollar las funciones del Estado.
El INAP, dependiente de la Jefatura de Gabinete, tiene entre sus funciones la formación y capacitación de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Para ATE, la venta de su sede no constituye solamente una operación inmobiliaria, sino una decisión que debe analizarse en el marco de las políticas de reducción y reorganización del Estado impulsadas por la actual administración.
