Allí advirtió que “las alteraciones en los regímenes hídricos naturales exacerbadas por el calentamiento global y la degradación ambiental reconfiguran las condiciones laborales en la hidrovía, precarizando empleos, debilitando derechos y amplificando desigualdades”.
Moreno centró su análisis en la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía estratégica para el comercio regional, pero también para el trabajo fluvial y portuario. Según explicó, la crisis climática no sólo impacta sobre el caudal y la navegabilidad, sino que tiene consecuencias directas sobre el empleo: “La transformación ambiental provoca cambios irreversibles en la estructura del empleo y genera una reconfiguración de los mercados laborales que afecta la estabilidad económica de la región”.
El dirigente gremial apuntó contra las soluciones empresariales que, según denunció, sólo buscan maximizar ganancias sin considerar el impacto sobre los trabajadores. En particular, cuestionó la propuesta de adaptar la hidrovía a barcos de mayor calado. “La propuesta empresarial de profundizar más el dragado representa un error grosero y una acción sumamente irresponsable. Los barcos deben adaptarse al río y no al revés”, sostuvo.
Además, señaló que las actuales condiciones están desplazando trabajadores hacia sectores más precarios como el comercio informal o el trabajo rural estacional. “La crisis ambiental agudiza las desigualdades preexistentes e impone una barrera estructural para cualquier intento de transición justa, en la que las poblaciones afectadas tengan derecho a una reubicación laboral digna”, advirtió.
Entre las consecuencias que ya se evidencian, Moreno mencionó los periodos de extrema variabilidad del río, la incertidumbre sobre los regímenes hídricos, el encarecimiento de los costos logísticos, la pérdida de estabilidad en los ecosistemas acuáticos y el aumento de emisiones contaminantes por la mayor carga del transporte terrestre. Un informe reciente de la CEPAL ya advertía que el retroceso del transporte fluvial en América Latina, por falta de adaptación al cambio climático, podría duplicar los costos logísticos en los próximos 10 años.
“Los sindicatos deben asumir un papel proactivo para evitar que la transición hacia una economía más sostenible se traduzca en una mayor precarización laboral”, planteó Moreno, y recordó que si bien ya existen cláusulas ambientales y fondos de compensación para trabajadores afectados en algunos acuerdos internacionales, “aún son insuficientes”.
Por eso, propuso que se diseñen políticas de transición que incluyan programas de formación y reconversión laboral, acceso equitativo a nuevas oportunidades y mecanismos de compensación. “La construcción de una transición ecológica justa no puede basarse en la exclusión de aquellos cuyo trabajo ha sido esencial para sostener la economía regional”, dijo, y cerró: “El futuro del empleo en todas las regiones afectadas por la crisis climática dependerá de nuestra capacidad de construir colectivamente un modelo productivo que respete los límites del planeta sin sacrificar los derechos de quienes trabajan y dependen de estos ecosistemas”.
