“Esta decisión del Presidente es propia de los emperadores romanos y de la monarquía francesa. Queremos que se cumpla la garantía de estabilidad del empleado público, para evitar que quienes confunden discrecionalidad o poder con arbitrariedad condenen por capricho a trabajadores a quedar desocupados”, aseguró el titular del gremio en sus redes sociales.
Ayer, la Casa Rosada confirmó 12 despidos que afectan al personal de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, entre ellos el de Osvaldo Javier Sosa, actual intendente de Olivos. Según argumentaron, la reorganización en la Quinta de Olivos se da luego de una serie de “filtraciones” sobre la agenda y movimientos de Javier Milei y su círculo íntimo. Ante esta situación, en Casa Rosada tomaron la decisión de que la Casa Militar se haga cargo de la seguridad de la quinta presidencial de modo que todas las personas que tengan contacto con el presidente trabajarán bajo las órdenes de esta entidad.
Según indicó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, ayer los trabajadores se presentaron en la residencia para realizar sus labores habituales, pero no pudieron ingresar a la Quinta de Olivos. El dirigente apuntó contra la falta de explicaciones hacia el personal respecto de la decisión tomada y cuestionó la arbitrariedad de la medida. “Que tengan algo clarito: vamos a dar pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos”, aseguró.
En este contexto, ATE volvió a exigir que el Presidente se someta a un examen psicofísico para “conocer el estado de salud” de Milei. “Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, había dicho Aguiar.
Ahora, luego de que la Casa Rosada atribuyera los despidos a presuntas filtraciones de información, el secretario general de ATE Nacional volvió a reclamar por que el primer mandatario se someta a una evaluación.
