La causa por presunta administración fraudulenta contra el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, y su ex pareja y ex secretaria administrativa del gremio, Mirta Simone, sumó esta semana un nuevo capítulo: tres afiliados que impulsaron la denuncia fueron habilitados para constituirse como querellantes en el proceso penal.
La decisión fue tomada por la jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, en el marco de una audiencia realizada en la Oficina Judicial de la capital provincial.
La causa, que investiga el presunto desvío de fondos del sindicato hacia cuentas particulares de la familia Quiroga, avanza con la figura de administración fraudulenta en modalidad continuada, y señala como víctimas no solo a la entidad gremial sino también a sus afiliados.
La jueza Ponce fundamentó su decisión en resoluciones anteriores que ya habían reconocido a los denunciantes como damnificados y que fueron ratificadas por un tribunal revisor.
Aval fiscal y rechazo de la defensa
Los nuevos querellantes son los afiliados Analía González, Luciano López y Claudia Barrionuevo —quien ocupó la Secretaría de Finanzas del gremio durante parte del período investigado—. Estarán representados por los abogados particulares Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría, quienes argumentaron en la audiencia que la defraudación no sólo lesionó el patrimonio institucional del sindicato, sino también los intereses individuales de los afiliados, como parte integrante de esa estructura.
El planteo fue respaldado por el fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la unidad fiscal especial de delitos contra la administración pública, quien comparte con la querella la hipótesis delictiva central de la causa: el presunto desvío de sumas importantes de dinero desde las cuentas de ATE hacia cuentas personales de Quiroga y Simone, con las que se habrían financiado gastos privados, pagos de tarjetas y otros consumos ajenos al objeto gremial.
Los defensores de los imputados, Oscar Romero en representación de Quiroga, y Damián D’Antonio como abogado de Simone, se opusieron al reconocimiento de los afiliados como querellantes. Sostuvieron que la única víctima posible sería el sindicato como entidad jurídica, y que por lo tanto los afiliados no tenían legitimación individual para ejercer la acusación particular. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados tanto por el fiscal como por la jueza.
La jueza Ponce rechazó además los planteos defensivos por considerarlos reiteraciones de cuestionamientos ya abordados en etapas previas del proceso. Recordó que un tribunal revisor ya había confirmado su intervención en la causa, descartando que se tratara de una cuestión administrativa interna del sindicato sin relevancia penal. Fue ese mismo tribunal el que además denegó la recusación presentada contra ella por la defensa.
