Mientras el gobierno de Javier Milei puso en marcha una ronda de reuniones con gobernadores para reunir los votos necesarios en el Senado y avanzar con la reforma laboral, el movimiento sindical comenzó a endurecer su postura y advirtió que el proyecto implica un retroceso en derechos y un fuerte impacto para los trabajadores y las economías provinciales.
El encargado de iniciar las negociaciones fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien comenzó una gira por distintas provincias con el objetivo de garantizar apoyos legislativos de cara al tratamiento de la iniciativa en el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero.
El escenario destila una estrategia donde el oficialismo busca replicar el esquema utilizado para aprobar el Presupuesto, combinando diálogo político y concesiones puntuales para asegurar voluntades.
Reforma laboral bajo críticas sindicales
Sin embargo, el avance del Ejecutivo encontró rápidamente resistencia del lado gremial. Desde distintos sectores sindicales alertaron que la reforma no se limita a cambios en el régimen laboral, sino que incluye modificaciones de carácter tributario que podrían afectar la coparticipación y debilitar los recursos de las provincias, además de flexibilizar condiciones de trabajo.
En ese marco, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini y referente del gremio de Viajantes Vendedores, Gustavo Fita reclamó que los gobernadores patagónicos y los senadores nacionales “deben estar a favor de los trabajadores y no en su contra”.
Sobre ese plano, cuestionó que se negocie una reforma que, según sostuvo, no genera empleo genuino y abre la puerta a una mayor precarización laboral. Desde el sindicalismo advierten que los mandatarios provinciales no pueden desentenderse del impacto social que tendría el proyecto en sus territorios.
La preocupación gremial se concentra en puntos clave de la iniciativa, como los cambios en el sistema de indemnizaciones y la creación de nuevos mecanismos que, lejos de fortalecer el empleo, podrían facilitar despidos y debilitar la protección laboral.
A esto se suma el temor a un ajuste indirecto sobre las provincias, que ya enfrentan dificultades financieras. Sin ir más lejos, en varias jurisdicciones mantienen en pausa la paritaria producto del incendio que presentan sus arcas. Un claro ejemplo es la provincia de Buenos Aires.
Verano de negociaciones
Mientras el oficialismo acelera las conversaciones políticas para sumar votos, las centrales sindicales evalúan profundizar el estado de alerta y retomar medidas de presión para frenar la reforma o, al menos, forzar modificaciones sustanciales.
La foto anticipa un verano de negociaciones intensas, con gobernadores en el centro de la escena y un sindicalismo dispuesto a dar la pelea en defensa de los derechos laborales.
