El paro de una semana que realizó el gremio controlado por Facundo Moyano contra el titular de Aubasa desató una dura interna en el massismo. Y la provincia dejó de recaudar más de $ 140 millones en el cobro de los peajes. La pulseada política y la discusión de fondo en el conflicto.
«Este es un tema que lo va a tener que resolver (Sergio) Massa, no da para más». El comentario de un funcionario bonaerense resonó a principios de la semana en la gobernación en La Plata. Se refería al durísimo conflicto que enfrenta a la conducción de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) con el sindicato de trabajadores de peajes (SUTPA), que en el marco de un paro por tiempo indeterminado mantuvo siete días levantadas las barreras de los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y el SVIA, provocando pérdidas de más de $ 20 millones diarios a la recaudación provincial.
Finalmente este miércoles, después de desconocer la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo nacional, el gremio que responde a Facundo Moyano aceptó iniciar una negociación, aunque el conflicto aún sigue lejos de superarse.
La pelea involucra una fuerte disputa por una serie de condiciones laborales y hasta la tercerización de servicios de las autopistas gestionadas por Aubasa. Pero, en paralelo, también desnuda una pulseada política que enfrenta a dirigentes alineados con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Sergio Massa, líder del Frente Renovador.
Desde junio de 2021, la empresa que administra los corredores viales bonaerenses quedó a cargo de Ricardo Lissalde, un dirigente de Saladillo, ex diputado provincial del Frente Renovador y ex titular de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) dependiente del Ministerio de Transporte nacional, también controlado por el massismo. Previo a su desembarco la presidencia del directorio de Aubasa estaba en manos de otro massista, Javier Ossuna, intendente de General Las Heras, quien construyó un vínculo aceitado con el gremio de Moyano hijo.
Tras la asunción de Lissalde las disputas con el SUTPA fueron in crescendo y se sucedieron múltiples medidas de fuerza durante el último año que culminaron en el paro por tiempo indeterminado de la última semana. Desde el sindicato denunciaron a la gestión del funcionario por el supuesto maltrato de trabajadores e incumplimiento de condiciones salariales y laborales convenidas. En la empresa, en cambio, vincularon el conflicto con la decisión de revisar y eliminar una serie de contratos de servicios con firmas tercerizadas, que fue repudiada por el gremio.
Pero pese a la profundización del conflicto, con el desenlace del paro por tiempo indeterminado que provocó el levantamiento de barreras por 7 días en la Autopista La Plata-Buenos Aires, la Autovía 2 y las rutas 11 y 74, con pérdidas millonarias para la provincia, la administración de Axel Kicillof optó por un llamativo silencio y evitó toda referencia o intervención, lo que generó una dura réplica de Facundo Moyano, que hasta involucró al propio Massa.
«Hacen populismo berreta, que no chamuyen más. Hay un presidente anti-trabajador que designaron por un acuerdo político entre Sergio Massa y Axel Kicillof. Es llamativo en un gobierno peronista que no se sabe a quién responde, nadie se hace cargo, ni el gobernador se hace cargo, ni los funcionarios se hacen cargo, está todo el gobierno loteado», acusó en declaraciones a A24 el dirigente que se desempeña como secretario adjunto del SUTPA, secundando a la secretaria general Florencia Cabañate.
El estratégico apoyo del hermano Pablo
En paralelo y pese al distanciamiento que mantiene con Facundo desde hace tiempo, el propio Pablo Moyano se pronunció en a través de su agrupación sindical, el Fresimona, en respaldo a las medidas de fuerza del sindicato de peajes y advirtió que la gestión y actuación de Lissalde «es impropia de un funcionario vinculado al Frente de Todos».
El comunicado de Pablo Moyano no involucró directamente a la CGT, que se mantiene prescindente del conflicto e interpreta que la disputa evidencia diferencias puertas adentro del Frente Renovador. «Massa no se quiere pelear con Facundo y menos aún va a intervenir en un conflicto que lo puede enfrentar con todos los Moyano», analizó un referente de la primera línea cegetista sobre la situación.
Pese al encuentro que mantuvo con Sergio Massa, el camionero Pablo Moyano se pronunció en apoyo a su hermano Facundo.
Como Massa, también desde el kirchnerismo como entre los colaboradores de Kicillof optaron por evitar intervenir en el conflicto. No fue casual, en ese marco, que la mediación para tratar de descomprimir el paro fuera asumida por las autoridades de la cartera laboral nacional y no por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que desde hace semanas conduce el sindicalista Walter Correa, un referente alineado a Máximo Kirchner y con vínculo estrecho con Pablo Moyano.
La intervención del área que conduce Claudio Moroni, un funcionario del riñón de Alberto Fernández, derivó a principios de la semana en el dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto, pero el SUTPA desconoció la decisión y mantuvo el paro con levantamiento de barreras de peaje hasta este miércoles. Ahora las partes iniciaron una negociación, cuyo resultado se anticipa complejo por la tensión en el diálogo y las acusaciones cruzadas entre el gremio y la empresa.
Acusaciones cruzadas: mal tratos y tercerizadas
Cerca de Facundo Moyano insisten en el desplazamiento de Lissalde. «No vamos a seguir avalando a un dictador adentro de la empresa», afirman. Y remarcan las denuncias por «malos tratos, acoso laboral, amenazas y despidos sin causa» de trabajadores, el incumplimiento de acuerdos salariales y condiciones laborales y la demora en la creación de una mesa de negociación para consensuar aspectos relacionados con la reconversión tecnológica en las cabinas de peajes de las autopistas provinciales.
La gestión de Lissalde rechazó esas acusaciones en el único pronunciamiento formal que brindó sobre el conflicto. «Hay información que circula que no es real», sostuvo el comunicado. Y vinculó la situación con «la política de saneamiento de la empresa».
«A partir de nuevas licitaciones y la eliminación de intermediarios en los distintos servicios que ofrece la empresa (corte de pastos, seguros, programas informáticos, ropa de trabajo) se han ahorrado anualmente $ 82.221.559 y 376.600 dólares», informó AUBASA. De esa forma deslizó que el malestar del SUTPA y las medidas de fuerza se relacionaban con la decisión de Lissalde de dejar sin efecto contratos con empresas que brindaban servicios tercerizados a las autopistas.
Cerca de Facundo Moyano desmienten cualquier interés del gremio en esos contratos. Y advierten sobre la crítica situación financiera que atraviesa AUBASA desde la llegada de Lissalde. Aseguran que la empresa enfrenta un déficit operativo mensual que supera los $ 300 millones.
El conflicto de la última semana solo agudizó esa situación: con el levantamiento de las barreras de los peajes, la firma provincial dejó de recaudar unos $ 20 millones por día, algo más de $ 140 millones durante los 7 días que se extendió la protesta.
