El Juzgado Federal N°2 de Mendoza dio lugar a la medida cautelar solicitada por la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A), que ordena al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones (2431 y 2537/2024) que restringen el acceso a medicamentos gratuitos para jubiladas y jubilados.
Este fallo representa un reconocimiento explícito por parte de la Justicia a un derecho que, según las centrales sindicales, fue «brutalmente despojado» a los adultos mayores por parte del gobierno de Javier Milei. En un comunicado conjunto, las CTA destacaron que la Justicia determinó que las resoluciones del PAMI son «regresivas, arbitrarias y violan los principios de progresividad que deben regir toda política pública en materia de seguridad social», apuntaron.
La medida cautelar beneficia directamente a los integrantes de ambas centrales sindicales, incluyendo a los afiliados a sus sindicatos de base que son también afiliados al PAMI. Este aspecto del fallo es de gran importancia, ya que reafirma la legitimidad de las organizaciones gremiales para accionar colectivamente frente a políticas públicas que, a su entender, «lesionan derechos fundamentales».
La centrales que conducen Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), enfatizaron en que el PAMI, «no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte, sino como una institución que debe garantizar la salud de sus afiliados como un derecho humano básico», indicaron.
El dictamen judicial sienta un importante precedente y refuerza el rol de las centrales sindicales como garantes de los intereses de sus representados ante las decisiones gubernamentales que afectan la seguridad social.
