La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que conduce José Voytenco, celebró la decisión del Gobierno nacional de prorrogar por un año la medida que permite a los trabajadores rurales temporarios acceder a empleos formales sin perder sus planes de asistencia social. La extensión de la compatibilidad, efectuada mediante el Decreto 777/2025, responde a una solicitud que el gremio había presentado ante el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Voytenco valoró la decisión como un «avance para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales». Sin embargo, el líder del sindicato enfatizó que esta solución no puede ser transitoria y reclamó una ley que consolide estos derechos de forma permanente. «El trabajador va a poder ingresar a la finca, registrarse como corresponde, cobrar el salario según la resolución correspondiente y al mismo tiempo percibir la asistencia social del estado. De esta manera los planes sociales dejan de ser un impedimento para que el trabajador esté registrado», explicó.
El impacto del Decreto 514/2021
La norma prorrogada es esencial para la formalización del empleo en el campo. El Decreto 514/2021 funcionó durante los últimos cuatro años como una herramienta fundamental para combatir la informalidad, al garantizar que miles de trabajadores rurales puedan acceder a un empleo formal sin el riesgo de perder automáticamente los programas de asistencia social.
Para los trabajadores, especialmente para familias migrantes y aquellos con ingresos estacionales, esto representa un doble beneficio: la posibilidad de obtener un ingreso genuino a través del salario, complementado temporalmente por el plan social, actuando como una puerta de entrada a la formalidad laboral en el sector agrario. Su objetivo principal es cubrir la demanda de mano de obra en las distintas economías regionales y fomentar la registración del empleo.
El pedido de UATRE
La UATRE consideraba que la no renovación de esta normativa significaría un retroceso en la formalización del empleo rural. El sindicato destacó que la compatibilidad entre el empleo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional.
La prórroga protege a más de 200.000 familias rurales y fortalece la producción agropecuaria, asegurando la recolección de cosechas y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) rurales.
