La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) alcanzó un nuevo acuerdo en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que establece una recomposición salarial para los peones generales permanentes de prestación continua, con incrementos para julio y agosto de 2025.
Según lo informado por UATRE, los valores mensuales acordados son de $861.195,71 para julio de 2025 y $891.530,06 para agosto del mismo año. Además, se pactó reabrir la discusión salarial en agosto para analizar la evolución de los precios y las condiciones de vida, con el objetivo de garantizar que los salarios rurales se ajusten a la realidad económica del país.
En las últimas semanas, la conducción de UATRE liderada por José Voytenco llevó adelante una firme estrategia gremial, con negociaciones y medidas de fuerza que lograron superar la resistencia de las entidades del campo a otorgar aumentos salariales, consolidando este acuerdo como un avance en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores rurales.
UATRE reiteró su compromiso de evitar que el salario sea una variable de ajuste, enfatizando que el esfuerzo de los trabajadores rurales debe reflejarse en remuneraciones justas y condiciones dignas, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, estabilidad y bienestar para los peones y sus familias.
Medidas de fuerza para romper la intransigencia patronal
En la previa al acuerdo, el sindicato llevó adelante una serie de movilizaciones y cortes de rutas en provincias como Salta, Jujuy, Córdoba y Entre Ríos, en respuesta a la «actitud intransigente, provocadora y ofensiva» de las entidades empresarias de la CNTA, incluyendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Estas acciones, que incluyeron protestas en puntos estratégicos como la intersección de la Ruta 158 del Mercosur, la Ruta Provincial 5 y la Ruta Nacional 9 en Villa María, Córdoba, buscaron visibilizar la crítica situación de los trabajadores rurales, y presionaron para lograr un acuerdo que garantice condiciones laborales justas.
La UATRE denunció que las patronales agropecuarias ofrecieron aumentos «miserables» que no reconocían el deterioro del poder adquisitivo, calificando las propuestas como un intento de «institucionalizar el salario de hambre».
