La intervención del ministerio se produjo luego de que las fuerzas federales ingresaran a la planta y reprimieran a quienes protestaban contra una serie de despidos en la empresa. Según denunció el sindicato, más de 30 trabajadores fueron desvinculados en las últimas semanas, lo que generó una fuerte respuesta gremial.
Desde la cartera laboral provincial explicaron que la represión y las detenciones constituyen “una grave amenaza a la paz social” y que por eso se decidió retrotraer el conflicto a una instancia previa, para “garantizar los derechos laborales” y restablecer un canal de negociación.
“La conciliación obligatoria es una herramienta que busca garantizar la resolución pacífica de los conflictos. Ante los hechos ocurridos, era necesario frenar la escalada y volver a una mesa de diálogo en condiciones de buena fe”, señalaron desde el Ministerio.
Por su parte, desde FETERA repudiaron la represión y exigieron la inmediata reincorporación de los despedidos. “No vamos a tolerar que se criminalice la protesta social. Acá lo que hay es una política de despidos y precarización, y una respuesta represiva del Estado”, advirtieron.
El conflicto continúa, pero ahora con un nuevo marco legal que obliga a ambas partes a suspender las medidas unilaterales y retomar la negociación. Mientras tanto, los trabajadores exigen el fin de los despidos y una mesa paritaria con soluciones concretas.
