Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron a las autoridades de la Institución por iniciar un sumario a 40 empleados y expulsar a 11 de ellos tras protestar por mayores salarios en octubre pasado. Adelantaron que presentarán un amparo sindical para impedir las expulsiones. A la decisión del Gobierno la calificaron de un «ataque 100% político» y advirtieron que se trata de un «laboratorio» de la reforma laboral de la administración de Javier Milei.
«El ataque que venimos sufriendo es 100% político decidido en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete Manuel Adorni, tenía en su poder el dictamen que salía de la oficina sumarial antes incluso que muchos compañeros pudieran saberlo. Aparecían los nombres de las personas que iban a ser despedidas», dijo el secretario adjunto de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich en las puertas del Hospital.
Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X que el nosocomio había solicitado el desafuero a un grupo de 11 trabajadores para luego despedirlos, 10 de los cuales tienen fueros gremiales. Esta decisión se argumentó que los despidos son por «haber diseñado, dirigido y efectuado la toma de oficinas de la Dirección Médica el 31 octubre de 2025».
Sin embargo el secretario gremial agregó que, «ese día estábamos protestando por algo tan elemental como el derecho a huelga, para que no nos descuenten el salario por ejercer nuestro derecho constitucional. Lo vamos a seguir haciendo. No vamos a dejar pasar ningún despido ni ninguna suspensión».
Para Lipcovich -que forma parte de los expulsados- se trata de una ofensiva de las autoridades contra quienes «estuvieron al frente» de los reclamos, entre los que se encuentra un histórico triunfo con el que se conquistó un incremento del 61% sobre el salario básico más un bono. «El año pasado nos trataron de ñoquis de mentirosos y 6 meses después la lucha del Garrahan les quebró el brazo. Vamos a hacer lo mismo, no les quepa duda», manifestó.
También cuestionó la decisión sobre los trabajadores del Garrahan la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana- también entre las despedidas- quien encuadró las sanciones como parte de un «laboratorio» de la reforma laboral con el que imponen «de hecho» aspectos de la iniciativa libertaria. «Están precarizándonos, no permitiéndonos reunirnos y no permitiéndonos organizarnos sindicalmente», expuso.
Lezana explicó que «durante la protesta del 31 de octubre, se exigía una respuesta por un pedido salarial a autoridades que «hacía un año y cuatro meses que no respondían». «En ese momento una enfermera y una instrumentadora ganaban $1.000.000. A esos trabajadores esa noche les descontaron $500.000 o $300.000. Por luchar, por haber parado y llevar adelante una lucha que es causa nacional», planteó.
Si bien la dirigente de Apyt adelantó que los gremios están «presentando un amparo sindical», también criticó que el Gobierno Nacional comunique que los trabajadores ya están expulsados. «El Poder Ejecutivo dictamina que estamos cesanteados. No existe ninguna garantía. Nosotros todavía ni siquiera pudimos ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa», indicó.
