La negociación salarial de la administración pública bonaerense continúa sin resolución tras la negativa de los gremios estatales de aceptar la última oferta del Ejecutivo del 3% de aumento. En la últimas horas, tras un pedido realizado por la titular de la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA), Fabiola Mosquera, para garantizar que los empleados no vean afectados sus ingresos nominales en la próxima liquidación, el Gobierno de Axel Kicillof informó oficialmente que aplicará un incremento del 1,5% de forma provisoria y a cuenta de futuros aumentos.
Esta decisión administrativa surge como respuesta a un planteo formal de la organización que conduce Mosquera en territorio bonaerense. El gremio solicitó que se asegure al menos el porcentaje percibido el mes pasado en caso de no alcanzar un consenso inmediato en los próximos días. El objetivo de este pedido fue evitar que se liquiden haberes con reducciones respecto a enero, permitiendo así que las conversaciones paritarias sigan su curso sin un perjuicio directo e inmediato para los trabajadores.
Una oferta considerada insuficiente
El rechazo de UPCNBA se explica por la composición de la propuesta oficial. Si bien el Gobierno propuso una suba del 3% para el mes de febrero, desde UPCNBA advirtieron que ese número es engañoso. Según el análisis técnico del sindicato, el aumento representa en términos reales un 1,5% por sobre los haberes de la última liquidación, una cifra que se ubica significativamente por debajo de los índices inflacionarios del primer mes del año y de las expectativas de las organizaciones del sector.
Reclamos pendientes en la agenda estatal
Más allá de la cuestión estrictamente salarial, las organizaciones sindicales manifestaron su preocupación por la falta de avances en ejes estructurales de la carrera administrativa. Entre las demandas que UPCNBA mantiene sobre la mesa y que no fueron contempladas en el último encuentro, se destacan:
- La regularización de los trabajadores precarizados mediante su pase a planta permanente.
- La implementación de las recategorizaciones pendientes para el personal.
- La reactivación de las mesas técnicas sectoriales para abordar problemáticas específicas de cada área del Estado.
Con esta liquidación «a cuenta», la provincia de Buenos Aires gana algo de tiempo en una negociación que se complicó la última semana, mientras los gremios estatales mantienen su postura de exigir una recomposición que contemple de manera real las necesidades de los trabajadores de la Ley 10.430 y regímenes especiales.
