Luego de despedir a 300 trabajadores a fines de agosto y no indemnizarlos, lo que dio inicio a un conflicto aún sin resolver, la fábrica de cerámicas Ilva ahora se presentó a la Justicia para solicitar que se declare un concurso de acreedores, a fin de hacer frente a sus deudas.
De esta manera crece la incertidumbre entre los empleados que fueron cesanteados. Además, en caso de que el proceso judicial no arribe a un acuerdo, la firma podría ser declarada en quiebra, con la consecuente liquidación de sus bienes.
Los abogados de la firma iniciaron la demanda para solicitar el concurso preventivo ante el Juzgado Comercial Nº12. Si la Justicia convalida el pedido, en principio Ilva ganará tiempo frente a los reclamos de los acreedores. Principalmente, los trabajadores despedidos que aún no cobraron sus indemnizaciones.
Ilva se prepara para volver a producir
La administración de la empresa quedaría bajo la supervisión de un síndico, quien fiscaliza las operaciones para garantizar el cumplimiento del proceso. Mientras tanto, puede seguir operando mientras se negocia con los acreedores.
Por otro lado, si no se logra un acuerdo o el plan de pagos fracasa, el proceso puede derivar en la quiebra, que determinará la liquidación del patrimonio de la empresa para pagar a los acreedores.
Para los trabajadores despedidos, en cambio, la situación impide embargos y ejecuciones devenidas de los reclamos individuales o colectivos.
Una crisis que no es real
Ni bien concretó los 300 despidos, Ilva planteó que no podría hacer frente a las indemnizaciones que define la Ley de Contrato de Trabajo. Para eso, se escudó desde el primer momento en el artículo 48 de esa misma normativa, que permite reducir el monto indemnizatorio en caso de crisis.
Aunque el sector de la construcción es uno de los más afectados por el freno económico desde la asunción de Javier Milei como presidente, los trabajadores argumentan que la situación de la empresa está lejos de ser terminal. Más bien, todo lo contrario.
La muestra más clara de eso es que a mediados de este año la firma terminó de instalar y poner a punto una nueva línea de producción con maquinaria importada de Italia, con una inversión que rondaría los 100 millones de euros.
En medio de esta situación, y para reclamar el pago de las indemnizaciones, los trabajadores ya se manifestaron en varias oportunidades en las puertas de los countries donde viven los directivos de la empresa. Los principales apuntados son el presidente de la firma, Franco Bocci, y el accionista Patricio Colombo Mosetti.
Los ex empleados también exigen el pago de los salarios caídos de la última quincena en la que rigió la conciliación obligatoria, que representa una ayuda para poder subsistir.
