El conflicto entre la Asociación Bancaria y las autoridades del Banco Patagonia en Tucumán se profundizó en el inicio de esta semana, luego de que la seccional del gremio llenó de volantes las inmediaciones del Ministerio de Trabajo provincial para visibilizar el malestar de los empleados y denunciar lo que consideran una política de «terrorismo laboral» por parte de la entidad financiera.
El eje de la protesta se centró en la figura de Carlos Daniel Ferreyra, gerente de Desarrollo Humano y Clima Organizacional, a quien los trabajadores señalaron a través de panfletos como responsable directo de prácticas abusivas en la entidad. Los volantes, que circularon masivamente, lo tildan de «sicario de empresarios extranjeros inescrupulosos» y lo acusan de «explotar, marcar, dejar en la calle a trabajadores y usar a policías para reprimir».
El antecedente de la violencia en Concepción
La volanteada llegó como respuesta a la escalada de violencia que tuvo su punto más crítico el pasado 5 de diciembre. En aquella oportunidad, una manifestación pacífica frente a la sucursal del Banco Patagonia en la ciudad de Concepción terminó en una «brutal y desmedida represión» por parte de efectivos de Infantería.
La movilización buscaba respaldar a empleados que habían denunciado a la gerente local, María José Mansilla, por actos de hostigamiento, maltrato y amenazas. Sin embargo, el intento de diálogo fue respondido con un operativo policial que incluyó golpes y empujones, resultando heridos varios dirigentes, entre ellos la secretaria general de La Bancaria Tucumán, Cecilia Sánchez Blas.
«No vamos a naturalizar la violencia institucional»
Desde la conducción del gremio fueron tajantes al denunciar que el banco intenta imponer una «reforma laboral a palos y balazos». La Bancaria sostiene que el despliegue de la Infantería para custodiar una entidad bancaria frente a un reclamo de condiciones dignas es una «provocación cobarde» que busca criminalizar la protesta sindical.
“Nos golpearon por defender a nuestros compañeros”, afirmaron los representantes gremiales, quienes ratificaron el estado de alerta en toda la provincia. Las acusaciones contra la gerencia del Patagonia no se limitan a la violencia física, sino que denuncian un esquema de persecución sistemática contra delegados de los bancos Nación, Macro y Patagonia que se solidarizan con el conflicto.
El futuro del conflicto
La panfleteada frente a la cartera laboral busca presionar por una mediación oficial que garantice la integridad física y la estabilidad laboral de la dotación del banco. Mientras la justicia investiga el accionar policial de diciembre, el sindicato advirtió que profundizará las medidas de difusión y reclamo hasta que cesen las políticas de hostigamiento y se brinden respuestas concretas a las deudas salariales y de trato digno denunciadas por el personal.
