El despido de un histórico dirigente sindical volvió a encender la tensión en la planta de ALPAT, en San Antonio Oeste. Fabián Muñoz, ex delegado, ex secretario adjunto y ex titular del SPIQYP local, denunció que su despido constituye una “persecución gremial” vinculada a su actividad sindical y a su pertenencia a la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQYP). Con 22 años de antigüedad en la empresa, advirtió además que podrían producirse nuevas desvinculaciones.
Muñoz aseguró que su salida no respondió a motivos laborales sino a su rol crítico frente a la conducción sindical y a la empresa. “Gente como yo, con mucha antigüedad, fue despedida. Cuando uno está en esto sabe a lo que se expone”, afirmó. Según relató, ya anticipaba la medida: “Yo sabía que me iban a echar. Esto no es porque haya faltado al trabajo; es porque molestaba”.
El ex dirigente enmarcó su despido en la reciente conformación de la junta electoral y la convocatoria a elecciones de delegados. Sostuvo que varios trabajadores le habían pedido que volviera a postularse y que su eventual candidatura generaba incomodidad. “Toda la gente que habló en contra del gremio o se quejó por la plata, la ropa o la obra social, hoy está afuera”, denunció.
En sus declaraciones, también cuestionó con dureza a la actual conducción sindical, a la que acusó de avalar decisiones empresariales. Señaló que los salarios básicos no se actualizan desde hace dos años y que existen reclamos por la calidad de la indumentaria y del servicio de comedor en planta. Asimismo, criticó el reemplazo de la obra social por una prepaga, al considerar que una familia tipo no puede acceder con el porcentaje de aportes vigente.
Muñoz apuntó además al procedimiento preventivo de crisis firmado a fines de octubre de 2024 entre la empresa y el gremio. Según indicó, el trámite debió realizarse ante la autoridad laboral nacional y no en el ámbito provincial. También cuestionó los criterios aplicados en los despidos, al sostener que el acuerdo establecía priorizar la permanencia de trabajadores con mayor antigüedad y carga familiar. “Tenía 22 años de servicio y una nieta con discapacidad a cargo. Eso lo obviaron”, afirmó.
En relación con las indemnizaciones, denunció pagos en cuotas y liquidaciones reducidas bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, además de incumplimientos en retiros voluntarios ofrecidos por la empresa. A su vez, describió un escenario productivo complejo y advirtió que podrían registrarse más despidos si no mejora el nivel de ventas. “Se rumorea que no se están vendiendo las 12 mil toneladas mensuales. Esta fábrica va a tener cada vez menos trabajadores”, sostuvo.
Pese a su desvinculación, Muñoz aseguró que continuará con su actividad dentro de la federación y que defenderá sus derechos por la vía legal. Admitió, no obstante, la dificultad de reinsertarse laboralmente debido a su edad. El conflicto en ALPAT suma así un nuevo capítulo de tensión en el sector industrial de San Antonio Oeste, donde la incertidumbre productiva y las disputas gremiales impactan de lleno en cientos de familias.
