El conflicto entre el gremio SOMU y las cámaras que representan a las empresas de la flota fresquera se intensificó esta semana tras una audiencia realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo en Mar del Plata, en la que no se logró avanzar en un acuerdo paritario.
El sindicato, que reclama una actualización salarial en línea con la inflación, formalizó su decisión de declararse en libertad de acción, lo que podría derivar en medidas de fuerza en los próximos días.
El desacuerdo se centra en la actualización de los salarios convenidos en los Convenios Colectivos de Trabajo vencidos desde fines de febrero. Mientras el SOMU plantea una fórmula de ajuste atada al Índice de Precios al Consumidor, las cámaras empresarias argumentan que las condiciones económicas actuales les impiden otorgar aumentos en esos términos.
En este escenario, el gremio anunció una asamblea informativa para el miércoles 7 de mayo, en la que se definirán los pasos a seguir. La declaración de libertad de acción abre la posibilidad de adoptar medidas gremiales que podrían impactar en la operatoria normal de los puertos pesqueros.
A la par, se desarrollan conversaciones entre sectores del segmento congelador marisquero, cuyos buques permanecen amarrados desde mediados de marzo, a raíz de desacuerdos por la normativa de pesca del langostino fuera de la Zona de Veda Permanente Juvenil de Merluza. Algunos representantes se reunirán en los próximos días en Barcelona para definir una estrategia común frente a la coyuntura.
Este conflicto se da en un contexto de creciente malestar en el sector. En marzo, el SOMU había denunciado intentos de las empresas por firmar acuerdos individuales por fuera del marco colectivo, lo que fue interpretado por el sindicato como una práctica desleal. A ello se suman tensiones internas dentro del gremio, con sectores que reclaman mayor participación en la conducción de las negociaciones y una comunicación más fluida con las bases.
La falta de consenso, tanto a nivel paritario como dentro de las propias organizaciones, refleja el momento delicado que atraviesa la industria pesquera argentina. La combinación de inflación, presión sobre los costos operativos y fragmentación gremial complica aún más la posibilidad de alcanzar un entendimiento que garantice previsibilidad para trabajadores y empresas.
