En un nuevo capítulo de tensiones en la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), informes oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA) se expusieron ante la Justicia Federal Laboral y probarían graves irregularidades en la composición de la lista oficialista encabezada por Luis García Ortiz, quien conduce el gremio desde 1983.
Los documentos certifican que la gran mayoría de los candidatos no mantienen relación de dependencia con empresas de la actividad metalmecánica ni mineras, sino que son empleados directos de ASIMRA o de su obra social, OSSIMRA, en clara violación al estatuto del sindicato.
El proceso electoral que terminó con los comicios el 4 de noviembre pasado estuvo marcado por polémicas y denuncias judiciales cruzadas. La Cámara Federal Laboral permitió que se realicen las elecciones mientras comenzaba allí, todo un proceso de investigación por la demanda presentada por el opositor Carlos Gutiérrez. Dicho trámite judicial todavía está en proceso.
Lejos de resolverse, el escándalo continúa y se profundiza. El estatuto del gremio es claro en el artículo 16 donde prohíbe expresamente que los adherentes (como los empleados de ASIMRA o OSSIMRA) no pueden ser candidatos, votar o ejercer cargos directivos. Sin embargo, cerca del 60% de los integrantes de la lista oficialista incumple esta norma. La lista también viola el cupo femenino exigido por ley, al incluir a una mujer que esta jubilada desde 2012. No solamente se manifiestan estas irregularidades a nivel nacional, también en cargos claves de seccionales como Avellaneda, Morón, Capital, Córdoba, se designaron a personas que no son supervisores metalmecánicos ni mineros en listas oficiales agravando las irregularidades, y que también figuran en los mencionados informes oficiales como empleados al ASIMRA u OSSIMRA.
ASIMRA: García Ortiz en la mira de la Justicia
A pesar de haberse realizado los comicios, la situación se complejizó con las pruebas oficiales recibidas del ARCA y ANSES. Estos revelan que los candidatos presentaron documentos de dudosa procedencia, con supuestas firmas de apoderados de empresas y que pone de manifiesto la irregularidad ante la presentación contundente de informes oficiales.
García Ortiz, por su parte, no tiene relación de dependencia con una empresa desde 1994.
La irregular maniobra involucraría a empresas del sector, como pantallas para avalar candidaturas inválidas, entre ellas RODOVIAL S.A., TALLERES LLAVE S.A., ESPEL SAICA, PROMESA S.A.C.I.F.I., J. A. BARRERA, CEDIEL S.A., LUNA HNOS S.A.C.I., SNA-E ARGENTINA S.A., EDUARDO ANTONIO CUCCO, APELTRA S.A., RADIADORES TRAVERSO SRL, ENVASES DEL PLATA S.A. y LABORATORIOS FUNKEN S.A.I.Y.C. Surge la interrogante sobre si estas firmas conocen el uso de sus nombres en documentos apócrifos.
Carlos Gutiérrez, impulsor de las impugnaciones, declaró: «García Ortiz hizo de nuestro gremio una pyme. Un grupo de socios le dan forma a su conducción nacional y después tiene contratado un grupo de empleados y jubilados, ocupando cargos en el secretariado. La impunidad lo hizo hacer cualquier cosa y ahora están en un problemón».
El dirigente opositor acusa a García Ortiz de encabezar una asociación ilícita para adueñarse del gremio, y exige: «No vamos a permitir un gremio manejado por dos empresarios y 20 empleados. Les exigimos que nos devuelvan el sindicato a los trabajadores activos».
Nuevas denuncias contra la conducción de ASIMRA
Los nuevos hallazgos cuestionan el rol de la Junta Electoral de ASIMRA, que no detectó estas groseras irregularidades pero, por el contrario, sí fue muy rigurosos con la lista opositora. Si la gran mayoría de candidatos del oficialismo no son supervisores activos de empresas metalmecánicas desde hace más 20 o 30 años, entonces claramente se abren interrogantes sobre la repetición sistemática de tales prácticas, en anteriores elecciones y sin ninguna oposición. “Garantías de perpetuidad en sus funciones”, dijo Gutiérrez.
La oposición prepara una nueva presentación judicial contra García Ortiz, el secretariado nacional y la Junta Electoral por asociación ilícita, mal uso y falsificación de documentos y estafa procesal. Fuentes internas señalan que se profundiza la cuestión penal, en un contexto de «usurpación» del sindicato que aleja su control de los supervisores activos en plantas metalmecánicas y mineras.
